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La magistrada Alba Luz Ramos Vanegas, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), expresó que han pedido auxilio a la Policía Nacional para aclarar la denuncia contra dos funcionarios del poder judicial involucrados supuestamente en una presunta extorsión a familiares de unos procesados por narcotráfico.

“Pedimos auxilio a la Policía para que ellos provean lo que obtengan con sus medios en el transcurso de esta investigación, para poder aclarar estos hechos que empañan la imagen del poder judicial”, dijo la magistrada Ramos al salir de una actividad de la Cumbre Judicial Iberoamericana en Managua.

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Los funcionarios investigados son la juez Victoria López y su hijo Róger Santos, asesor de la CSJ, quienes supuestamente pidieron 25 mil dólares a familiares del procesado salvadoreño Sergio Umaña, quien según la Fiscalía, es miembro de la Mara Salvatrucha y enfrenta un juicio por narcotráfico.

Llamados ante el Consejo, confirma magistrada

La magistrada presidenta del poder judicial dijo que hasta ahora han sido llamados ante el Consejo de Administración y Carrera Judicial, los abogados Álvaro García (defensor de Umaña) y Máximo Salazar Delgado (quien era abogado del procesado Wilfredo Álvarez).

Umaña y Álvarez son acusados en un mismo expediente por crimen organizado, lavado de dinero, transporte internacional de droga y otros delitos.

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García fue quien denunció el caso de presunta extorsión ante el Consejo, y Salazar supuestamente era el enlace entre los funcionarios denunciados y los familiares del reo, para recibir y entregar el dinero.

Miembros de la Policía Nacional custodian la finca Santa Rosa, ocupada al procesado Sergio Umaña, presunto líder de la Mara Salvatrucha.LA PRENSA/U.MOLINA

Funcionarios siguen en sus cargos

Por el momento, ambos funcionarios, tanto la juez López como Santos, siguen en sus puestos, porque el Consejo aún no toma una decisión en el caso porque está abierta la investigación. Esta situación es criticada por algunos abogados litigantes, quienes consideran que deben ser separados del cargo, mientras los investigan, pues los hechos denunciados son graves.

Sin embargo, en casos pasados (como la investigación sobre la reposición de partida de nacimiento del narcotraficante Alejandro Jiménez alias “El Palidejo”, en el Juzgado de Tipitapa) la Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua (Ajumanic) criticó a la Corte cuando decidió suspender a dos funcionarios mientras estaba abierta la investigación al considerar que era una pena anticipada.

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“No hemos tomado ninguna decisión porque no se ha presentado ninguna evidencia que nos permita tomar esa decisión”, dijo la magistrada Ramos.

Agregó que no podía revelar lo dicho por los abogados citados ante el Consejo, porque no quiere entorpecer la investigación.

Hablan otros magistrados

En el mismo tema, el magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua, Gerardo Rodríguez, quien ha participado en las reuniones del Consejo como invitado, dijo que este órgano del poder judicial tiene funciones disciplinarias con sus jueces, magistrados, abogados y notarios y no toman otra clase de medidas penales, porque para eso están otras instituciones.

“Si denuncia que pruebe, si no tenés pruebas, eso se llaman tapazos”, dijo Rodríguez al referirse a la denuncia hecha por el abogado García sobre la supuesta extorsión de los funcionarios judiciales.

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Mientras el magistrado liberal Manuel Martínez, cuyo asesor es el denunciado Róger Santos, dijo que espera la resolución del Consejo y que “todos son inocentes mientras no se demuestre lo contrario”.

En los próximos días serán llamados ante el Consejo los dos funcionarios implicados, dijo Ramos.

Negociar con la Fiscalía

Mientras tanto, el abogado García dijo el martes 5 de septiembre a medios de comunicación que negociará con la Fiscalía para que su representado Umaña brinde detalles de la supuesta relación con la juez López, quien presuntamente le ayudó a tramitar la cédula nicaragüense.

“Vamos hacerle una propuesta al Ministerio Público para contribuir con el esclarecimiento de la verdad. Todo a su debido tiempo”, dijo García.

Maleza esconde fortaleza narco en Nagarote

Un camino polvoso y solitario, rodeado de potreros, lleva hasta la finca Santa Rosa, una propiedad ocupada al procesado Sergio Umaña y/o Manuel Luna Salmerón, quien según acusación del Ministerio Público, es miembro de la Mara Salvatrucha de El Salvador y se estableció en el occidente de Nicaragua donde dirigía presuntamente una agrupación narco denominada “Clica”.

Esta agrupación se dedicaba al transporte internacional de droga y al “tumbe” o robo de droga a otras narcoagrupaciones en alta mar, según la Fiscalía, y con las ganancias obtenidas del narcotráfico compraban propiedades y bienes muebles como vehículos livianos, tractores y camiones.

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La finca Santa Rosa es una de estas propiedades en cuestión. Dicho bien está ubicado en la comunidad La Trinidad, a siete kilómetros al sur del casco urbano de Nagarote, municipio del departamento de León.

Actualmente, la finca está bajo la custodia de la Policía Nacional y un ciudadano de la zona, Leonardo Velásquez Luna, se encarga del cuido de los animales y mantenimiento de cercas.

“Me buscaron (la Policía) para cuidar la propiedad y como salario me dan la leche que ordeño a 18 vacas. Salen entre 14 y 15 galones de leche”, dijo Luna, quien manifiesta que desconoce al dueño de la propiedad.

Según la Fiscalía, la narcoagrupación denominada “Clica” invertía las ganancias del transporte de droga en bienes muebles e inmuebles. LA PRENSA/U. MOLINA

Un mono entre bienes

En la finca hay 40 cabezas de ganado, tres cerdos, caballos y un mono cara blanca. Además hay dos construcciones. Una casa pequeña de unos tres cuartos, porche, sala, cocina, que está cerca del camino, que sirve de vivienda para el mandador y a unos 180 metros de esta vivienda hay una construcción inmensa en la parte más alta de las 110 manzanas de tierra que mide la propiedad; la llaman “La Casona”.

Esta casa está rodeada de un gran muro perimetral, con cámaras en la parte superior de la gran muralla, que está tapada por la maleza de la zona. Tres oficiales de la Dirección de Auxilio Judicial salieron al paso y dijeron que estaba prohibida la entrada a “La Casona”, pero su majestuosidad y fortaleza quedaban claras desde afuera.

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Según detallan recibos de ocupación realizados por la Policía Nacional al procesado Umaña, dicha casa está rodeada de amplios corredores, tiene tres cuartos con aire acondicionado cada uno, una piscina, un pasillo trasero que tiene dos juegos de sillas de madera.

Al costado sur de la piscina hay otra construcción de dos plantas. La primera planta sirve de área de bar y la parte alta sirve de balcón. Al costado este de la piscina hay tres cuartos dormitorios con camas unipersonales.

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En la finca también está estacionado un camión placas LE 27056 y un tractor placa CH 7185. Según escritura pública número 7 de promesa de venta de bienes inmuebles, el procesado Umaña pagó en el acto 115,500 dólares por la finca Santa Rosa, equivalentes a 3.2 millones de córdobas, según rola en el expediente judicial.

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