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Un anteproyecto de reforma parcial a la Ley 735, enviado a la Asamblea Nacional, no solo fue planteado con defectos técnicos, sino que busca proteger al sector financiero, consideran expertos.

Se trata de un anteproyecto de Ley de reforma parcial a la Ley 735, relacionada con combatir actividades vinculadas al crimen organizado, remitido por el presidente designado por el Consejo Supremo Electoral, Daniel Ortega, a la Asamblea Nacional, mediante el cual permite que los bancos y microfinancieras puedan hacer efectiva la garantía de un crédito en caso de propiedades hipotecadas en relación con ilícitos.

“Es evidente que el trasfondo de la reforma está relacionado con la alianza entre el Gobierno y el sector financiero, pues tiene como fin proteger los bienes incautados al crimen organizado en favor de los bancos e instituciones financieras, cuando esos bienes están hipotecados o fueron dados como garantía para operaciones financieras”, expuso la investigadora Elvira Cuadra.

Cuadra estimó que la propuesta de reforma solamente resuelve un aspecto “pero no el fondo del asunto”, como es seguir procedimientos y mecanismos transparentes para la guarda y custodia de bienes incautados al crimen organizado.

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El exdiputado José Pallais está de acuerdo con la intención de las reformas. Sin embargo, consideró que “técnicamente (el anteproyecto) está mal planteado, conceptualmente mal diseñado y la redacción no se corresponde con la intención (…), vos no podés afectar en favor de los bancos, vos lo que tenés (que hacer) es darle la oportunidad que ejecuten las garantías de los créditos”.

Lo más grave, a criterio de Pallais, es “que se permite que se aplique esta reforma aun cuando los bancos no tengan registradas sus garantías”, lo que podría dar lugar a abusos.

La reforma a la Ley debería establecer que el banco que otorgó el crédito bien puede ser nombrado como administrador, guardador o en su lugar autorizarlo para que proceda a la ejecución de su garantía; pero no la entrega, como establece actualmente el proyecto remitido a la Asamblea, “porque la entrega y la posesión la adquiere (el banco) hasta que obtiene una sentencia de adjudicación o de remate”, explicó Pallais.

Eliseo Núñez, abogado y exdiputado opositor, considera que puede presentarse el riesgo de que los bancos relajen su obligación de investigar el origen del dinero que reciben de sus clientes, porque con la reforma a la Ley 735 se les garantiza que recuperarán su dinero prestado en caso en que sus clientes se vean involucrados, por ejemplo, en delitos de narcotráfico.

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“Esto pareciera que es beneficioso para los depositantes, pero lejos de eso, lo que haría (la reforma es) que los bancos relajen la investigación que están obligados a hacer no solo a quien le deposita dinero, sino a quien le dan crédito (…). Estoy de acuerdo con que se debe salvaguardar a los bancos siempre y cuando demuestren que hicieron una investigación correcta y profunda que permita deslindar responsabilidades de porqué dieron el crédito”, dijo Núñez.

Núñez dijo que es “grave” para la estabilidad del Sistema Financiero del país que “se manden mensajes de que el interés del sector privado y del Gobierno por proteger a la banca está por encima de evitar vulneraciones mayores” de las que se ha dado a conocer.

Cosep: banca cumple

La reforma a la Ley del crimen organizado fue acordada entre el Gobierno y el sector privado, argumentando que se debe reducir el riesgo de que el Sistema Financiero sea perjudicado en su cartera crediticia como resultado de que el Estado se quede con las propiedades en casos de personas o negocios privados que resultan involucradas en casos de narcotráfico o el crimen organizado, a pesar de que los bienes fueron entregados como garantía para obtener el financiamiento.

“Estamos protegiendo una vez más a las personas y a quienes están financiando (…), hablo de bienes que tienen su origen legal y fueron procesos (en los) que participaron terceros de buena fe”, dijo José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).

Aguerri negó que como efecto de la reforma parcial propuesta a la Ley 735 resulte en que los bancos y las microfinancieras relajen las normas de cumplimiento de vigilancia sobre los clientes que entregan créditos y el origen del dinero que reciben en depósitos.

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“Para eso cumplimos con los procesos establecidos con la GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), donde están todas las transacciones sospechosas que se reportan, pero más allá de eso es imposible ser ciento por ciento cierto que no se te pasa absolutamente nadie, porque no tenés cómo”, expresó.

Bienes de alto valor cada vez más

Elvira Cuadra dijo que los casos conocidos durante el último año evidencian que las actividades del crimen organizado vinculan cada vez más bienes de alto valor y operaciones financieras para el blanqueo.

“A partir de ahí es posible afirmar que hay una modificación significativa en las actividades de crimen organizado que aparentemente no había sido reconocida y tomada en cuenta por las autoridades nicaragüenses y que se requieren nuevos y mejores mecanismos de resguardo”, analizó Cuadra.

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