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El modelo de diálogo de consenso que el Gobierno de Nicaragua ha impuesto con el sector privado está dañando la institucionalidad económica y aumentando la desigualdad, advirtió la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd), en un balance regional sobre la situación fiscal de Centroamérica.

La red, integrada por 21 organizaciones no gubernamentales de 12 países de América Latina, señala que en Nicaragua “preocupa el excesivo predominio del llamado consenso del Gobierno con las cúpulas empresariales, que en poco tiempo se ha traducido en el desmontaje de la institucionalidad económica a favor de las élites económicas y políticas del país, bajo la lógica del corporativismo, el extractivismo desenfrenado y la corrupción”.

El problema, según Latindadd, es que “el cierre de los espacios participativos y los retrocesos en materia democrática, estrangulan toda posibilidad de alcanzar genuinos pactos fiscales tendientes a tratar los graves rezagos económicos, la financiación de los derechos humanos sin exclusión y la desigualdad”.

Entre las acciones urgentes en Nicaragua, Latindadd menciona una revisión a las exoneraciones y privilegios fiscales con décadas de vigencia y una reforma integral al sistema de seguridad social próximo a colapsar.

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La revisión de las exoneraciones también ha sido una demanda del Fondo Monetario Internacional (FMI), que sugirió al Gobierno en su última aplicación del Artículo IV crear en los próximos dos años un espacio fiscal equivalente a 1.6 por ciento del Producto Interno Bruto para hacer frente a posibles choques externos.

“La consolidación fiscal adicional necesaria para hacer frente a los desafíos mencionados podría obtenerse mediante la eliminación de exenciones y exoneraciones fiscales, una mejor racionalización y focalización de los subsidios y la puesta en práctica de la legislación sobre tributación internacional, al tiempo que se fortalece la administración fiscal”, señaló el FMI.

Sin embargo, la empresa privada a través de su modelo de diálogo que mantiene con el Gobierno ha logrado revertir intentos de años pasados de ponerles fecha de caducidad a los privilegios fiscales.

El sector privado, representado por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), ha defendido en reiteradas ocasiones su relación que mantiene con el Gobierno, contra el que vierte esporádicamente tibias críticas sobre los problemas de institucionalidad y los cierres de espacios democráticos de los últimos años.

No utilizar diálogo como mampara

De hecho durante la inauguración del tercer encuentro empresarial organizado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), el presidente de este centro de pensamiento, Gerardo Baltodano Cantarero, defendió el diálogo que el Consejo Superior de la Empresa Privada mantiene con el Gobierno, pero advirtió que este no debía ser usado para cubrir los problemas de institucionalidad que afectan al país.

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“Debemos fomentar y enriquecer este diálogo entre el Cosep y el Gobierno. Nuestro país estaría en una situación económica más desfavorable si este diálogo no se hubiera generado. Queremos dejar claro que Funides considera oportuno mantenerlo por el beneficio de nuestro país e instamos a ambas partes a continuar dialogando”, enfatizó Baltodano en su discurso inaugural del encuentro realizado el pasado 29 de agosto.

No obstante aclaró: “Es obligación también aclarar, que el diálogo no es ni debe ser promovido como corresponsabilidad del sector privado en la gestión gubernamental; y mucho menos usado, para legitimar, suplantar o esconder la falta de institucionalidad por la que atraviesa el país, que se refleja en nuestra todavía naciente seguridad jurídica y falta de instituciones políticas inclusivas”.

Lo cierto es que el diálogo sector público y privado ha sido elogiado por distintas calificadoras de riesgo, que lo mencionan como una fortaleza del país.

¿Qué es Latindadd?

En total 21 instituciones y organizaciones de 12 países forman parte de Latindadd. Estas organizaciones son de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Perú.

Por Nicaragua las organizaciones miembros son la Coordinadora Civil, Fundación Red Nicaragüense de Comercio Comunitario y el Centro de los Derechos del Campesino.

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