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ley del crimen organizado, fiscalía

La fiscal general de la República, Ana Julia Guido, se aseguró de que en la reforma a la Ley del crimen organizado se deje clara la facultad del Ministerio Público para investigar si un bien inmueble fue adquirido con dinero ilícito, aun cuando esa propiedad esté prendada con un crédito bancario. Guido también exigió que quede claro en la Ley que la Fiscalía podrá verificar si es válido el reclamo que haga el banco de propiedades relacionadas con casos de delitos como el crimen organizado, lavado de dinero y narcotráfico y que hayan sido decomisadas por el Estado.

Igual la fiscal garantizó que cuando propiedades hipotecadas con el Sistema Financiero hayan sido incautadas o decomisadas por relacionarse a casos de alta criminalidad, se le permita a la banca reclamar el bien para pagarse la deuda, pero que si el valor del bien supera lo adeudado, el banco deberá entregar el remanente de dinero a la Unidad Administradora de bienes incautados, decomisados o abandonados, de la cual es parte la Fiscalía.

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Esos planteamientos de la Fiscalía se incorporaron en la propuesta de reforma a la Ley del crimen organizado y de la administración de los bienes incautados, decomisados y abandonados (Ley 735), que trabaja la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional.

Los artículos de la Ley 735 que serán los reformados son el 35, relacionado con las medidas precautelares en la investigación, y el 61, sobre los derechos de terceros de buena fe.

Este martes fue la consulta a la reforma a la Ley 735 con la Fiscalía, la Policía Nacional, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) y la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif).

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Al final de los encuentros en la Comisión de Justicia solo la fiscal y el director jurídico de la Siboif, Uriel Cerna, dieron declaraciones a los periodistas.

Informar a Fiscalía

La fiscal Guido pidió se redactara mejor el artículo 61 de la Ley 735 para que las entidades financieras estén obligadas a solicitar tanto al juez como al Ministerio Público les acrediten las propiedades que hayan sido incautadas, cuando estén prendadas en un crédito bancario.

“(Eso) es para tener la posibilidad de verificar si esa información (que da el banco) es correcta o no, porque el Ministerio Público tiene la facultad de investigación y el juez no puede investigar”, afirmó la fiscal Guido.

La modificación a la Ley 735 la pidió el Gobierno tras acordarla con el sector privado. Jimmy Blandón y Maximino Rodríguez, diputados del PLC, condicionaron su respaldo al dictamen porque en la Ley no se aclara cómo se procederá cuando una persona acusada del delito de narcotráfico, al final del juicio obtenga un fallo de inocencia pero su propiedad pasó a manos del banco e incluso fue vendida para saldar el crédito. Blandón y Rodríguez reclaman se deje que hasta que haya sentencia judicial firme, el Ministerio Público y el banco podrán decidir sobre el destino de la propiedad.

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El director jurídico de la Siboif, Uriel Cerna, dijo que el mecanismo en la Ley será que “la propiedad va a quedar en resguardo” del banco hasta que concluya el juicio.

Siboif defiende a bancos

En la reforma a la Ley del crimen organizado se reafirma que la Siboif es la que intervendrá a las entidades financieras o bancarias cuando existan casos relacionados con la Ley 735, siendo lo nuevo que esa intervención será conforme la Ley General de Bancos.

El director jurídico de la Siboif, Uriel Cerna, defendió que los bancos recuperen las propiedades que estén prendadas por un crédito bancario, y no queden al Estado por estar relacionadas con crímenes vinculados a la Ley 735.

“Entiendo la reforma en proteger las garantías que respaldan los recursos que los bancos prestan para tener la capacidad el día de mañana de restituir en tiempo y forma el dinero a los depositantes”, dijo Cerna.

Este proyecto de reforma a esta Ley (735) no está induciendo a que las entidades bancarias relajen sus controles en materia de prevención de dinero y activos ilícitos”.
Uriel Cerna, director jurídico de la Siboif. LA PRENSA/U. MOLINA

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