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Desde agosto pasado, tres nicaragüenses quedaron sin protección de las autoridades consulares de Nicaragua en Panamá, pese a que según sus familiares, supuestamente fueron víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral.

Ahora los nicas enfrentan un proceso judicial por supuesta extorsión.

Los nicaragüenses junto con otros dos venezolanos, en agosto pasado aparecieron en los medios locales como integrantes de una banda delictiva que supuestamente extorsionaba a la empresa para la cual laboraban.

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Yasser Abdiel Soto Enríquez, Yamil Moreno González y Pedro Joaquín Acevedo Moreno son los tres nicaragüenses detenidos.

Julia del Carmen Centeno Lira (abuela de Soto y suegra de Moreno, oriundos de Catarina) y Petrona Moreno Gutiérrez (madre de Acevedo, originario de Chichigalpa), denunciaron ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) que pese a que sus familiares fueron víctimas, están acusados en los tribunales como sospechosos y han sido dejados en el abandono por las autoridades.

Alan Martínez, hermano de Acevedo, refirió que según conoció, sus parientes trabajaron por varios meses con una empresa de construcción, donde bajo engaños los mantuvieron sin pago y sin documentos. Según expuso Martínez, aparentemente la abogada de la empresa es la esposa del fiscal de Distrito que los acusó. Lo peor según Julia del Carmen Centeno, es que en la primera audiencia implicaron a los abogados que los representaban.

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Uno de los abogados, Manuel de Jesús Ávila, a través de comunicación electrónica confió a LA PRENSA que los nicas “por ser muy buenos trabajadores son muy buscados y también explotados acá en Panamá”.

Ávila refirió que en ese país hay varias empresas que tienen contrataciones multimillonarias con el Estado en Panamá, entre ellas la que los acusa.

“La modalidad es que los contactan en Nicaragua a través de terceros, les ofrecen salarios de cincuenta dólares diarios, hospedaje y alimentación, además del boleto de avión, una vez arriban al país les quitan los pasaportes bajo el engaño que les van arreglar los permisos de trabajo y migración”, indicó el abogado.

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Para ello, explicó Ávila, les dicen que empiecen a trabajar por obra y una vez concluyan les cancelarán sus salarios, que fue lo que les sucedió a los nicaragüenses con la empresa panameña. Según Ávila, dicha empresa es de un personaje muy allegado al Gobierno de Panamá.

El director jurídico del Cenidh, Gonzalo Carrión, señaló que según el artículo 28 de la Constitución de la República, el Estado de Nicaragua está obligado a brindarle asistencia consular a través de la representación nicaragüense de Panamá. Los familiares aseguran que no han tenido esa respuesta, apuntó Carrión.

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