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Carlos Vecchio, coordinador político del opositor partido venezolano Voluntad Popular y exiliado en Estados Unidos, anunció este miércoles que han solicitado al Gobierno de Estados Unidos investigar a la empresa Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), además, incluirla en las sanciones financieras que la administración del presidente Donald Trump ha impuesto a Petróleos de Venezuela (PDVSA), una empresa estatal involucrada en escándalos de corrupción.

Vecchio señaló en la ciudad de Miami, que Albanisa es parte del canal de supuesta corrupción de PDVSA. Albanisa es el consorcio de empresas creadas al amparo de los fondos de PDVSA desde la administración de Hugo Chávez, fondos que maneja de manera discrecional la familia presidencial Ortega-Murillo.

Sanciones contra Maduro y PDVSA

Las sanciones financieras contra el régimen de Nicolás Maduro y PDVSA, anunciadas por EE.UU. en agosto pasado, prohíben vender nuevos bonos a estadounidenses o a instituciones financieras del país norteamericano. También prohíben cualquier transacción de bonos existentes del Estado venezolano.

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Según Vecchio, “en principio estamos solicitando que en esas sanciones sean incluidas las empresas de Albanisa por las relaciones con Venezuela. Albanisa está siendo utilizada para lavar dinero, que no solo se está beneficiando a la familia Ortega y sus testaferros, también a un grupo de venezolanos ligados a Maduro”.

“Esto es apenas una punta de lo que se sabe porque estoy seguro que cuando se profundice en la investigación será mucho más grave de lo que ahora estamos hablando, pero insisto, y es lo que le hemos dicho a la administración de Estados Unidos, a los congresistas y senadores, que se debe colocar dentro de las sanciones a Albanisa y que se profundice en las investigaciones”, precisó Vecchio.

PDVSA, Albanisa, ALBA Petróleos de El Salvador y las FARC

Las investigaciones sobre los vínculos de PDVSA con Albanisa en el lavado de dinero son un tema que se habla desde hace varias semanas en el Senado y el Congreso de Estados Unidos, un ilícito que involucra a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

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El experto en temas de terrorismo, narcotráfico y lavado de dinero, Douglas Farah, explicó durante una audiencia en el Comité de Control Internacional del Narcotráfico en el Senado, la supuesta conexión existente en la región con las FARC que, según afirma, cuentan como principales estructuras para el lavado de dinero a las empresas PDVSA, Albanisa y Alba Petróleos de El Salvador.

Farah recomendó ante esa comisión del Senado una investigación exhaustiva de las transacciones de PDVSA y sus filiales en Centroamérica como Albanisa, ante posibles actividades de lavado de dinero procedentes de las FARC.

El argumento de Ros-Lehtinen

La congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen se refirió al apoyo incondicional del régimen de Ortega a la dictadura de Maduro en Venezuela e instó a Estados Unidos a investigar los lazos de PDVSA-Albanisa, durante la presentación de la iniciativa de la Nica Act aprobada el martes por la Cámara de Representantes.

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“De acuerdo con el testimonio en el Congreso, PDVSA de Venezuela también está utilizando su filial en Nicaragua, Albanisa, para el blanqueo de dinero. Si Maduro está utilizando Nicaragua con el fin de evadir las sanciones de Estados Unidos, tenemos que echar un vistazo más de cerca a estos lazos y (que) la gente rinda cuentas”, resaltó Ros-Lehtinen.

Por su parte, Vecchio dijo que durante la última audiencia sobre Venezuela en la Cámara de Representantes, uno de los temas centrales que se discutieron es el caso de Albanisa y cómo está siendo utilizada para el blanqueo de capitales.

Llegar a los testaferros

Vecchio estima que las investigaciones a Albanisa permitirán conocer quiénes se benefician del presunto ilícito.

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“Al seguir el rastro del dinero hacia dónde va, cuáles son los contratos que tienen, quiénes se benefician, indudablemente van a aparecer personas y estoy convencido que van a llegar a empresarios o testaferros cercanos a Daniel Ortega o la familia de Daniel Ortega. Es lo mismo que pasa en Venezuela, que tienen personas naturales que han puesto compañías en otras partes (del mundo y) que son testaferros de quienes hoy están en el poder de Venezuela, y si eso lo hacen en Venezuela no tengo duda que lo están haciendo en Nicaragua, y que las sanciones contra Albanisa serían el primer paso clave que va a permitir profundizar hacia los individuos que se están beneficiando y conocer quiénes son los testaferros”, puntualizó Vecchio.

Las consecuencias

¿Qué implica sancionarlos? “Que no pueden tener cuentas, que no pueden tener relaciones comerciales en los Estados Unidos y que aquel que pretenda establecer relaciones comerciales con PDVSA y Albanisa, sepan que van a tener consecuencias porque no podrán establecer relaciones comerciales en Estados Unidos y no podrán utilizar el sistema financiero”, respondió Vecchio.

Vecchio afirmó que en la medida que las sanciones funcionen y sean adoptadas por otros países latinoamericanos y la Unión Europea, estas serán más efectivas.

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En ese mismo sentido se pronunció el senador republicano Marco Rubio, patrocinador de la Nica Act en el Senado, que anunció que la próxima etapa para ampliar las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro es utilizar la influencia de Estados Unidos y las amistades en Europa.

Vecchio dijo que existe receptividad en cuanto a la solicitud de extender las sanciones a Albanisa. A su juicio, la aprobación de la Nica Act en la Cámara Baja del Congreso estadounidense, es parte de las presiones contra el Gobierno de Nicaragua. El líder opositor venezolano estima que independientemente de la aprobación de la Nica Act, vendrán sanciones más fuertes para el régimen de Ortega.

¿Quién es Carlos Vecchio?

Es dirigente opositor, coordinador político de Voluntad Popular, el partido político de Leopoldo López, preso político del régimen de Nicolás Maduro, desde el 2014.

Vecchio se exilió en EE.UU., debido a una orden de arresto en su contra, acusado por el régimen de Venezuela de incendio intencional, instigación pública, daños a la propiedad pública y privada y asociación para delinquir durante las manifestaciones en Venezuela en febrero del 2014. Estuvo oculto casi cuatro meses y luego se fue a EE.UU.

Es abogado con un posgrado en Derecho Tributario en la Universidad de Georgetown y una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard. Actualmente, es el representante de Voluntad Popular en el exterior.

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