6Oct - by Master - 0 - In Allgemein

En el último informe gubernamental sobre la gestión del presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega, no se menciona ni una sola vez la palabra corrupción, lo que deja ver el desinterés de la administración de Ortega sobre este tema.

El exprocurador, Alberto Novoa, manifestó este jueves que la falta de investigación de las denuncias de corrupción refuerza la percepción de que en el país se cometen actos de esa naturaleza.

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Novoa citó el caso de las empresas de Albanisa, que es una sociedad entre Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la Empresa Nicaragüense de Petróleo (Petronic), que en este momento están en la mira de Estados Unidos para ser investigadas por corrupción.

Según Novoa, la percepción de corrupción es uno de los argumentos esgrimidos por los congresistas estadounidenses para impulsar la Nica Act, la cual de convertirse en ley, mandataría al secretario de Estado de Estados Unidos a presentar al Congreso un informe sobre el supuesto involucramiento de altos funcionarios del Estado de Nicaragua en actos de corrupción y violaciones a derechos humanos.

Novoa recordó la reforma al Código Penal aprobada en 2002 (Ley 419), que establece la tipificación de varios delitos estrechamente vinculados con actos de corrupción, no obstante, según Novoa, esta normativa nunca fue estrenada ni por la actual administración del gobierno de Daniel Ortega —que está en su tercer período de gobierno—, ni por las anteriores.

La Ley 419 tipifica como delitos el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, el soborno, las quiebras fraudulentas y la malversación de caudales públicos. Según el índice de Transparencia Internacional más reciente, Nicaragua es el tercer país más corrupto de América Latina.

Derechos humanos en deterioro

La presidenta del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, afirmó que existen abundantes pruebas e informes que demuestran el deterioro y las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua, lo cual es otro de los argumentos de la Nica Act para aplicar sanciones económicas al país.

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Sin embargo, Núñez explicó que en particular el Cenidh está en contra de que se use una ley de sanción económica para castigar esas violaciones, porque explicó que la Nica Act se convierte en un “pretexto de Ortega para fortalecer la represión”. Además, Núñez consideró que existen mecanismos internacionales para castigar las violaciones a los derechos humanos.

La Nica Act tiene como objetivo que Estados Unidos vote en contra de los préstamos del Gobierno de Nicaragua ante los organismos multilaterales hasta que se restablezca la democracia.

Sin control público

Según informes oficiales de la Contraloría General de la República, entre 2010 y 2015, esta institución impuso sanciones (entre civiles y penales) por 7.14 millones de dólares, un promedio anual de 1.19 millones de dólares sin que se tenga informe del procesamiento o investigación de altos funcionarios del Estado. Tampoco se ha indagado sobre la cooperación venezolana, administrada como un presupuesto paralelo al Estado por la familia presidencial. Entre 2007 y 2016, la remesa petrolera a Nicaragua fue equivalente a más de 3,670 millones de dólares.

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