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La represión en Venezuela se ha trasladado de las calles a las casas. En el país basta con ser un simple opositor al régimen de Nicolás Maduro para que las fuerzas de seguridad chavistas y grupos de civiles armados ilegalmente ataquen y allanen las viviendas, revela un informe de Amnistía Internacional publicado este lunes.

El documento, denominado “Noches de terror: ataques y allanamientos ilegales a viviendas en Venezuela”, muestra que la violencia es una política de Estado usada para asfixiar a los disidentes. Entre abril y julio hubo protestas contra el Gobierno que dejaron 125 personas muertas, 1,958 heridas y más de 5,000 detenidas.

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A consideración de Carolina Jiménez, directora de investigación para las Américas de Amnistía Internacional, lo que ocurre en Venezuela es una de las peores crisis de violaciones a los derechos humanos en el continente, por razones como la gravedad de los hechos, lo sistemático de los mismos y la impunidad que existe.

Las protestas en Venezuela duraron cuatro meses y terminaron hasta que el chavismo impuso la Asamblea Nacional Constituyente. LA PRENSA/AFP

Pese a que las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad han sido condenadas por organizaciones internacionales, todavía no se detienen. La mayoría de ataques, allanamientos, detenciones arbitrarias y amenazas hacia las personas por parte de los oficiales gubernamentales sucedieron en los estados de Caracas, Miranda, Carabobo y Lara.

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Jiménez comenta que las distintas especialidades de seguridad en Venezuela, como lo son la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, el Comando Antiextorsión, e incluso, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, tienen concedido un poder “para reprimir sin límites legales”.

Roban lo que encuentran

Pese a que en ese país caribeño las leyes indican que para intervenir en los domicilios se requiere, salvo excepciones específicas, la orden de un tribunal, en la práctica no existe. La Fiscalía General de la República tampoco investiga ni brinda información de los ataques, volviéndose cómplice de la represión, según la investigación de Amnistía Internacional.

“Las condiciones mínimas que deben existir para que se allane una residencia privada no se cumplen. Pero además abiertamente robaron a los ciudadanos en sus casas, se llevaron equipos electrónicos, computadoras, celulares, dinero, joyas, prendas de vestir”, expresa Jiménez en entrevista con LA PRENSA.

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De acuerdo con el informe de Amnistía Internacional, el patrón de actuación de los agentes del Estado venezolano incluyó la destrucción de evidencia para garantizar que sus actuaciones quedaran grabadas.

“Durante las intervenciones los agentes dañaron vehículos, así también zonas y objetos comunes de los edificios y residencias. Entre ellos cámaras de seguridad, rejas, puertas de vidrio, bombas de agua y cuartos de máquinas de los ascensores”, para ello hasta se utilizaron tanquetas, revela el documento.

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Para la directora de investigación para las Américas de Amnistía Internacional, Carolina Jiménez, la violencia hacia los opositores no solo es una forma de infundirles terror o castigarlos, sino también para advertirles y dejarles claro quién es el que maneja la justicia, quién ordena la prisión y quién otorga el excarcelamiento.

Venezuela

Guardia Nacional Bolivariana (GNB) aprehende a un manifestante durante un enfrentamiento contra los opositores al Gobierno. LA PRENSA/ EFE

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