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Congresistas hispanos y grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos criticaron este martes la suspensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) que ha permitido residir y trabajar en ese país a 5,349 nicaragüenses.

El Caucus Hispano del Congreso (CHC), formado por representantes demócratas, lamentó lo que consideró una “irresponsable” decisión de la Administración del presidente Donald Trump.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), las condiciones que llevaron a conceder el TPS a Nicaragua en 1998 por el paso del huracán Mitch “ya no existen” y, por lo tanto, “debe darse por terminado” ese estatuto especial. Los nacionales de Nicaragua amparados por ese programa tienen plazo hasta enero de 2019 para abandonar Estados Unidos.

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El Gobierno de Nicaragua no ha reclamado, a diferencia de otros Gobiernos centroamericanos, que se mantenga el TPS para sus connacionales, según destacó el Ejecutivo estadounidense.

“Estos inmigrantes han vivido en Estados Unidos durante casi 20 años y han criado niños estadounidenses, contribuido a nuestra economía y a enriquecer nuestras comunidades. La deportación de familias que están contribuyendo al tejido económico y social de nuestra nación no es un liderazgo, es un abuso de poder imprudente e insensible”, consideró el CHC.

Por ello, el Congreso debe “brindar alivio” a estas familias inmigrantes antes de que se cumpla el plazo, para que puedan quedarse en el país y tener la “oportunidad” de hacerse ciudadanos estadounidenses, agregó.

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Las críticas también llegaron del lado republicano. El congresista Mario Díaz-Balart mostró su “profundo dolor” y su “fuerte desacuerdo” con la decisión de eliminar el TPS a los nicaragüenses. Díaz-Balart dijo estar comprometido con encontrar una solución legislativa permanente e instó a la Casa Blanca a revisar su decisión sobre los nicaragüenses y a extender los TPS para haitianos, hondureños y salvadoreños, que expiran en los próximos meses.

Honduras y El Salvador

En el caso hondureño, el Gobierno aplazó seis meses su decisión sobre el alivio para los más de 86,163 beneficiarios del programa, aunque ya adelantó que es “posible que la designación de TPS para Honduras termine al final de la extensión automática de seis meses”. De esta forma, la decisión debe conocerse al menos 60 días antes de que expire, el 5 de julio de 2018.

La incertidumbre de los hondureños ya la viven casi 60,000 haitianos que en mayo pasado recibieron una extensión de sólo seis meses y de aquí al próximo 23 de noviembre sabrán si hay una nueva prórroga o deben irse de EE.UU.

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Más de 260,000 salvadoreños también se encuentran en la incertidumbre. Cuentan con permiso de trabajo y licencias desde hace 16 años gracias al TPS, pero su amparo se vence el 9 de marzo del 2018, por lo que el anuncio de la prórroga debería darse antes del 5 de enero del próximo año.

Soluciones legislativas

Al igual que Díaz-Balart, el congresista republicano Carlos Curbelo, que presentó la pasada semana un proyecto de ley que busca dar estatus migratorio legal a los amparados por el TPS de Nicaragua, El Salvador, Honduras y Haití, dijo que espera que se pueda cambiar esta decisión del Gobierno.

“Aunque estoy decepcionado con el anuncio de la Administración, estas prolongaciones continuas a corto plazo han creado ansiedad e incertidumbre (…). El Congreso tiene la oportunidad de cambiar eso”, aseguró el congresista en un comunicado.

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Por eso, pidió a los líderes en ambas cámaras que lleven a votación las “múltiples soluciones legislativas” que ya se presentaron sobre los beneficiarios del TPS.

La National Hispanic Leadership Agenda (NHLA), coalición que reúne a 45 de los grandes grupos hispanos de defensa de los derechos de los inmigrantes, consideró que no hay una “razón legítima” para la decisión del Gobierno y que “el Congreso debe tomar medidas para garantizar que no sean desarraigados de nuestras comunidades”.

Cristóbal Alex, presidente de Latino Victory Project, indicó que Trump ha atacado una vez más a las familias inmigrantes y las obliga a elegir entre un “futuro incierto en un país del que huyeron hace dos décadas” o convertirse en indocumentados y correr el riesgo de ser deportados.

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