Cinco preguntas para comprender qué implicaciones tiene la nacionalización de DNP

La Asamblea Nacional aprobó este sábado de manera sorpresiva una ley para nacionalizar los inventarios de la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP), que fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el pasado jueves.

Con esta ley la aplanadora orteguista buscó rescatar el inventario de DNP y delegó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) para que autorice a la empresa que realizará la operación y administración de los mismos, luego que la compañía de Rafael Ortega, hijo del dictador Daniel Ortega, quedara muerta financieramente e impedida para realizar las importaciones por las sanciones.

El trámite de urgencia claramente detalla que se hizo para evitar un desabastecimiento de combustibles en el país, ya que dicha empresa cubre el cuarenta por ciento de la demanda nacional, según revelan las estadísticas del MEM.

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Con la nueva ley que afecta a DNP, el inventario de reserva que tiene la empresa pasará a manos de una petrolera, la cual el MEM tendrá que facultar. Algunos analistas dicen que posiblemente sea Puma, porque es la única empresa con capacidad técnica y financiera. En el mercado hay operando otros competidores, pero no importan hidrocarburos.

El especialista en mercado de hidrocarburos, César Arévalo, señala que “a DNP le quedó treinta días de inventario y eso no lo puede vender porque están sancionados, entonces ellos quieren recuperar la plata al darle la responsabilidad a que el MEM delegue a alguien que le venda ese combustible”.

Tras la aprobación de la ley surgieron varias interrogantes.

¿Qué significa la nacionalización del inventario de DNP?

Con la nacionalización del inventario de DNP se estaría garantizando que no haya desabastecimiento de combustible, en todo caso el Estado estaría cumpliendo con su obligación de evitar una escasez del producto terminado, necesario para las actividades básicas de todo país.

Antes de las sanciones DNP controlaba el treinta por ciento de las importaciones de productos terminados.

A criterio de César Zamora, presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua, las sanciones de Estados Unidos lo que “buscan es que la empresa DNP deje de operar, esa es una salida que funciona, y que la asuma el Estado también es una salida que funciona y no contamina al Estado”.

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La nueva ley también establece que “las empresas que el Estado, a través del Ministerio de Energías y Minas delegue, garantizarán la continuidad de los inventarios, la distribución y el suministro de los combustibles y productos derivados del petróleo a la población nicaragüense y agentes económicos”.

¿Qué pasará con los activos y pasivos?

En cuanto a los activos y pasivos de DNP, analistas dicen que la Ley de Aseguramiento Soberano y Garantía del Suministro de Combustibles y Productos Derivados del Petróleo a la Población Nicaragüense no lo deja claro. Esta empresa tenía una red de 69 gasolineras o estaciones de distribución. Los analistas creen que esta red que fue adquirida con fondos de Albanisa quedaría en manos de testaferros de los Ortega-Murillo.

“La ley solo habla de los inventarios porque las gasolineras no las pueden tocar porque algunas fueron dadas en concesión (no le pertenecen a DNP) y otras pudo ser inversión de ellos y la habrán vendido a testaferros”, dijo Arévalo.

¿Por qué no hubo indemnización a DNP?

En la nueva ley no se dispone una indemnización para DNP como en el caso de Bancorp, porque en todo caso no se nacionalizaron los activos y pasivos, es decir que toda esa inversión que se hizo en la gasolinera habría quedado en manos de los testaferros del régimen y la otra parte de las estaciones son públicas, estaban en arrendamiento y son propiedad de la estatal Petronic.

Lo que no queda claro es cuánto tenía invertido DNP en inventarios y cuánto recibirá por ello, aunque la ley dice que “dichos inventarios pasan a ser propiedad total de la República de Nicaragua”.

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El analista político Eliseo Núñez Morales señala que el monto de la indemnización posiblemente se establecerá en el reglamento de la ley, aunque la legislación que aprobaron los diputados no establece que la misma será reglamentada, sin embargo Núñez dice “que si no le pagan a DNP sería una confiscación”.

¿Por qué delegaron al MEM para que se encargara de los inventarios y no a Petronic?

Tras las sanciones de Estados Unidos a Albanisa, la empresa que se encargaba de las importaciones del fuel oil para la generación de energía eléctrica, el Estado delegó a Petronic que hiciera dichas compras y es esta quien trae el fuel oil que requiere Nicaragua. Y aunque Petronic no ha sido castigada por Estados Unidos, uno de los primeros sancionados fue Francisco López, el entonces presidente de la institución.

Para la especialista en contrataciones del Estado, Dayra Valle, es claro que le dieron la responsabilidad al MEM para evitar que venga una sanción para Petronic, la cual ha estado en el ojo del huracán por vincularse a personeros del régimen.

¿Qué pasa con las sanciones de EE.UU.?

Las sanciones impuestas por los EE.UU. a la empresa petrolera DNP habrían acabado con el negocio, sin embargo especialistas nos descartan que la familia Ortega Murillo siga teniendo incidencia en la red de gasolineras que ha quedado en manos de testaferros.

“Los testaferros van a seguir operando las estaciones de servicio, que van a ser provistas posiblemente por Puma, no pueden desaparecer, te imaginas que cierren en la Costa Caribe, donde DNP tiene un monopolio. No pueden cerrar”, dijo un concesionario que pidió omitir su nombre.

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El origen de la red DNP

La empresa Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP) fue creada en 1999 por el consorcio de origen suizo-británico Glencore. Originalmente, este consorcio estuvo arrendando los bienes de la estatal Petronic, desde ese mismo año. Durante el gobierno de Arnoldo Alemán (1997-2002) la transnacional ganó una concesión para la distribución de combustible por diez años (1999-2009), sin embargo, en 2009 el gobierno de Ortega decidió no renovar el acuerdo y toda la inversión de Glencore le quedó a DNP, como empresa privada.

La emisión de licencia del MEM detalla que a DNP le renovaron la licencia en julio del 2014 por cinco años, es decir que en julio del 2019 se le había vencido, no hay información si se le renovó.