La sanción a la Policía

La última sanción del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a tres comisionados mayores de la Policía, incluyendo en esta ocasión a la institución misma, desató una gran cantidad de especulaciones y opiniones. De entre todas ellas, quiero referirme a la vertida durante una entrevista brindada al Diario LA PRENSA por Juan Sebastián Chamorro, coordinador ejecutivo de la Alianza Nacional por la Justicia y la Democracia. En ella el coordinador de la Alianza calificó a la Policía a partir de dicha sanción, como una organización criminal. En otras palabras, que se había convertido en una “Organización Ilícita” para decirlo en el léxico sandinista de la década de los ochenta, que declararon al Ejército Nacional de aquel entonces como una organización ilícita para delinquir, condenando a la mayoría de sus miembros a treinta años de cárcel por el simple hecho de haber pertenecido a ese cuerpo castrense.

Pero regresando a la sanción anunciada por el Departamento del Tesoro estadounidense el pasado cinco de marzo, dicha sanción señala a la institución de responsable o cómplice de haber participado directa o indirectamente en graves abusos contra los derechos humanos de los nicaragüenses, por haber ordenado reprimir las protestas pacíficas contra el régimen en el 2018 usando munición real, así como la de haber armado y participado en escuadrones de la muerte, llevar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y secuestros. Estos delitos, todos de lesa humanidad, como lo dijo Juan Sebastián convierten a la Policía en una organización delincuencial.

De entre todos los problemas que se derivan de dicha sanción, me quiero referir específicamente a la afectación moral que sufrirán aquellos cuadros que no están de acuerdo con el actuar de sus superiores. Porque a partir de ahora la excusa de la obediencia debida deja de ser válida. En consecuencia, todos aquellos oficiales de línea, mandos medios y superiores de la Policía que continúen violando los derechos humanos de los nicaragüenses, podrán ser llevados ante la justicia para que respondan por sus delitos al igual que los ya sancionados individualmente.

Debo confesarles que no me alegra en lo más mínimo pensar en un futuro con cárceles repletas de policías, creo que todavía es tiempo que los inquilinos del Carmen recapaciten y se den cuenta que, así como Somoza no pudo mantener su régimen una vez que el pueblo dijo Basta Ya, tampoco ellos podrán. Por lo pronto, la Policía perdió toda legitimidad al convertirse en un cuerpo represivo al servicio de la familia gobernante, la que, sin importarle las consecuencias futuras para sus miembros, continuarán ordenándoles seguir violando los derechos humanos del pueblo, a sabiendas de las consecuencias personales que cada uno de ellos enfrentará en un futuro que cada día se vislumbra más cercano.

El autor es analista político.