Ministerio de Gobernación libera a cuatro reos condenados por narcotráfico en procesos irregulares

Mientras más de 60 presos políticos del régimen de Daniel Ortega permanecen presos en el Sistema Penitenciario Nacional, en muchos casos aún sin sentencias; las autoridades del Ministerio de Gobernación liberaron este 13 de febrero de 2020 a cuatro reos, entre ellos tres mujeres condenadas por crimen organizado, lavado de dinero y tráfico internacional de droga, que no habían cumplido ni la mitad de las condenas establecidas en sus procesos

Se trata de los casos de Frank Oviedo Fuentes, María Francisca Cruz Herrera, Dolores Bustillo Mora, ambas condenadas en el caso conocido como Operación Jade y Katia María Reyes Mejía condenada en el caso conocido como Dominó.

En ninguno de los casos los y las condenadas ha cumplido con los requisitos establecidos en la Ley de Ejecución de Sentencias para optar al beneficio de convivencia familiar.

Oviedo Fuentes fue condenado a 30 años de cárcel por crimen organizado, lavado de dinero y transporte de droga en el 2010 y según informe del Sistema Penitenciario Jorge Navarro este tenía cumplido 10 años y 10 meses con 20 días de formal prisión.

Líder de una estructura criminal

La Fiscalía lo acusó de ser el líder de una estructura criminal dedicada al trasiego de la droga y la compra de propiedades para lavar el dinero obtenido de la actividad ilícita.

Mientras la esteliana María Francisca Cruz Herrera fue condenada a 26 años de cárcel, pero el Tribunal de Apelaciones se lo redujo a 15 años por crimen organizado y transporte internacional de droga en el 2016, y hasta la fecha de su liberación, solo había cumplido 5 años, 5 meses y 4 días de efectiva condena.

Cruz fue procesada por establecido de ser el enlace del Cártel de Sinaloa en Nicaragua a través de su yerno el mexicano Samuel Gutiérrez Losano, “Samy”, cuyo nombre verdadero es Javier Carrillo Maestre, uno de los directivos del Cártel de Sinaloa de México y según la Policía de Nicaragua, era miembro de la estructura criminal que transportaba droga por Centroamérica.

Según la Fiscalía de Nicaragua, Cruz Herrera informaba de las transacciones de droga que la estructura liderada por el colombiano Fernando Ochoa hacía para su yerno. La organización transportaba drogas desde Costa Rica hacia Honduras. A Cruz se le ocupó dinero y vehículos que al ser inspeccionados se les encontró partículas de cocaína.

No cumplían requisitos para ser liberados

Es decir, ambos condenados (Oviedo y Cruz) no habían cumplido las tres cuartas partes de su condena como requisito para poder optar a un beneficio, menos al de convivencia familiar, según el artículo 16 de la Ley 745 o Ley de Ejecución. Obedeciendo este requisito, Oviedo debía cumplir 22.5 años de prisión y Cruz debió cumplir 11 años de efectiva prisión, antes de ser beneficiados

En el caso de Dolores Bustillo Mora, ésta fue condenada a 12 años de prisión por lavado de dinero y crimen organizado, para el 13 de febrero día de su liberación tenía 5 años y 5 meses con 20 días de efectiva prisión. Ella tenía que haber cumplido 9 años de efectiva prisión, según la ley para poder optar a la libertad condicional o convivencia familiar.

Según acusación de la Fiscalía, Bustillo es esposa del reo salvadoreño Mario Antonio Mendoza Chávez condenado a 29 años de cárcel por transporte internacional de droga y crimen organizado.

Según acusación del Ministerio Público el salvadoreño era el jefe de operación de traslados de droga desde Costa Rica a Nicaragua y utilizaba a su pareja Dolores Bustillo Mora como su testaferro para poner a nombre de ella algunos bienes comprados con el dinero producto del narcotráfico.

Entre los bienes decomisados a Bustillo están cuatro camionetas, un microbús y tres negocios conocidos como Variedades Jericó, Alondri y Librería Mi Ángel, ubicadas en Ticuanpete.

El último cargamento incautado a esta agrupación Jade fue de 508 paquetes de droga, en unos parqueos ubicados en Sébaco. La droga estaba oculta en furgones.

Los procesados en la operación Jade lavaron 1,369.2 millones de córdoba y más de 27 millones de dólares, a través del sistema financiero del país, desde el 2004 al 2014, según un informe financiero presentado durante el juicio.

La operación Dominó

En el caso de Katia María Reyes Mejía condenada en el caso conocido como Dominó estaba condenada a 13 años de cárcel, pero solo cumplió 8 años y un mes de efectiva condena. Ella se debe presentar una vez al mes ante el Juzgado Primero Distrito de Ejecución de Sentencia hasta el cumplimiento efectivo de su condena, el 6 de diciembre de 2024.

El caso denominado como Operación Dominó Trinomio comenzó con el quiebre realizado por la Policía el cinco de diciembre de 2011 en las instalaciones de la Empresa Internacional de Carga (TICSA), donde fueron ocupados varios vehículos livianos, 36 contenedores y más de 20 cabezales, de acuerdo a uno de los testigos presentados por la policía antidrogas.

Ese mismo día se allanó el inmueble propiedad de Katia María Reyes Mejía, ubicado en una residencia ubicada en residencial Las Colinas, al sur de la embajada de España, donde fueron ocupados una camioneta RAV 4, entre otras cosas.

La empresa TICSA era propiedad de Nelson Martín Reyes Quintanilla, quien fungía como presidente de la firma, como también su hija, la recién liberada Katia María Reyes Mejía y de Augusto Cesar Quintanilla.

Reyes Mejía fue detenida el 5 de diciembre del 2011 junto a Nelson Martín Reyes Quintanilla al salir de la empresa, cuyas instalaciones principales están ubicadas en las cercanías del Mercado Mayoreo.

El Ministerio de Gobernación no ha dado a conocer públicamente las listas de reos comunes que ha excarcelado, por la inconformidad que generan en la sociedad por el proceso arbitrario que usan. Las dos últimas liberaciones masivas fueron en diciembre de 2019 y febrero de 2020.