Corte IDH sesionará por comunidades miskitas de la Costa Caribe de Nicaragua

La Corte Interamericana de Derechos Humanos realizará la mañana de este viernes 13 una audiencia urgente de monitoreo de medidas provisionales ordenadas por este tribunal, en el 2016, a las Comunidades del pueblo indígena Miskitu, región Costa Caribe Norte de Nicaragua.

Esta revisión se da cuatro años después de otorgadas las medidas provisionales y a menos de un año de ser ampliadas a más beneficiarios en septiembre de 2019, dado que continúan los ataques de colonos al pueblo indígena causando muerte, secuestro, destrucción a la naturaleza y desplazamiento de las comunidades indígenas hacia otros territorios.

#ResistenciaMiskitu #HOY, a las 11am hora Centroamérica, la @CorteIDH escuchará sobre la grave crisis de #DDHH que enfrenta el pueblo indígena miskitu en la costa caribe nicaragüense. El Estado de #Nicaragua deberá rendir cuentas. Sigue en vivo desde: https://t.co/gR9ZQkVV2R. pic.twitter.com/ZHLdxLw3aO

— CEJIL (@cejil) March 13, 2020

La Corte escuchará las observaciones de las representaciones de los beneficiarios de las medidas cautelares, el Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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Entre las comunidades indígenas beneficiarias de medidas provisionales de protección están: pobladores de Klisnak, Wisconsin, Wiwinak, San Jerónimo, Francia Sirpi, Esperanza Río Coco y Esperanza Río Wawa y Santa Clara, esta última fue incorporada el año pasado por los hechos de violencia como secuestro y ataques armados, que se denunciaron en esa comunidad en 2019.

También gozan de medidas de protección los defensores de derechos humanos Lottie Cunningham Wrem y José Medrana Coleman.

Desplazamientos violentos

Tanto la CIDH como representantes de las comunidades indígenas de la Costa Caribe Norte de Nicaragua han alegado un contexto general de riesgo en las comunidades indígenas, donde existe un conflicto de territorios entre integrantes de dichas comunidades y terceros o colonos que ha tenido como consecuencia múltiples hechos de violencia que incluyen presuntos asesinatos, secuestros, lesiones, violaciones sexuales, destrucción de bienes y el desplazamiento de los integrantes de algunas comunidades.

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El último hecho notorio que se dio fue el del 29 de enero de este año, cuando unos 80 colonos armados invadieron territorio indígena de la comunidad Alal, ubicada a 52 kilómetros de Bonanza, en la Reserva de Biósfera de Bosawás.

Esta irrupción violenta causó el asesinato de seis indígenas, la quema de viviendas y al menos 10 secuestros, según denuncias de Amaru Ruz, director de la Fundación del Río.