Maduro puesto contra la pared

En medio de la conmoción mundial por la pandemia del coronavirus, estalló la acusación de la Fiscalía de los Estados Unidos (EE.UU.) contra el dictador venezolano Nicolás Maduro y otros altos cargos de su régimen, así como algunos cabecillas colombianos de las FARC, por los graves delitos criminales de tráfico internacional de drogas y fomento del terrorismo.

EE.UU. ha puesto un alto precio a la cabeza de Maduro y sus secuaces, ofreciendo una recompensa de 15 millones de dólares por él y 10 millones por los demás. Solo el precio por el extinto dictador de Irak, Saddam Hussein, por cuya captura o liquidación física EE.UU. ofreció 25 millones de dólares, supera históricamente la tarifa por Maduro.

La denuncia ha sido minuciosamente detallada por la autoridad fiscal estadounidense, sin dejar ni un resquicio de duda o sospecha de que pudiera tratarse de una maquinación política para acorralar a la dictadura bolivariana de Venezuela. De hecho la información ya se conocía, sin confirmación oficial, desde hace cinco años. Periódicos de intachable reputación, como ABC de España y The Wall Street Journal de los EE.UU., informaron entonces sobre la actividad criminal de la dictadura venezolana. El medio español lo informó en enero de 2015 y el régimen venezolano respondió con amenazas y acusaciones, en tanto que el periódico estadounidense lo publicó en mayo del mismo año, después de una exhaustiva investigación para comprobar la veracidad de lo publicado 4 meses antes por ABC.

Por otra parte, personalidades internacionales como el jurista y escritor boliviano Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia, han venido denunciando desde hace tiempo que en Venezuela hay una dictadura criminal y un narcoestado, demandando a EE.UU. y la comunidad internacional en general actuar en consecuencia con la gravedad de esta situación.

Ahora, la expectativa es qué podría venir a continuación de la grave acusación de la Fiscalía estadounidense contra la camarilla dirigente de Venezuela y los capos colombianos.

En 1989 y 2003, cuando EE.UU. planteó graves acusaciones criminales contra los dictadores de Panamá e Irak, Manuel Noriega y Saddam Hussein respectivamente, sobrevinieron las invasiones armadas en ambos países. Noriega fue capturado, juzgado y condenado en EE.UU. y Francia, y murió encarcelado en Panamá. Y Hussein fue ahorcado.

En la actualidad los observadores de la situación de Venezuela consideran que no se debería llegar a esos extremos.

Una solución expedita podría ser la sugerida por el prestigioso escritor, historiador y dirigente político venezolano, Enrique Aristeguieta Gramcko, quien ha llamado “al sector institucional que todavía queda dentro de las Fuerzas Armadas y Policiales, a detener a Maduro y demás cómplices, y a colaborar en la conformación de un gobierno de emergencia que ponga orden en el país, (que) enfrente la pandemia como es debido y convoque a elecciones libres y transparentes, tal como ocurrió en 1958”.

Es una excelente propuesta. Ojalá que se pudiera implementar.