Como los jueces en Nicaragua legitimaron atropellos de la dictadura contra ciudadanos que protestaron en abril de 2018

No importan las pruebas y los argumentos legales expuestos por los abogados a favor de los opositores al régimen de Daniel Ortega. Simplemente ya estaban condenados de previo. Esto es lo que vivieron y todavía enfrentan más de 20 abogados defensores de derechos humanos en el ejercicio de la defensa de más de 760 presos políticos desde mayo de 2018 a la fecha.

Estas personas han sido procesadas por ejercer su derecho constitucional a la protesta, como lo ha confirmado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en sus informes sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua a raíz de la rebelión social de 2018.

Las protestas fueron reprimidas por el régimen orteguista a punto de bala. Luego se dio a la tarea de montar juicios políticos a todo aquel que tuvo algún liderazgo o relevancia durante las protestas sociales, cuyo detonante fue las reformas inconsultas a la Ley de Seguridad Social, mismas que ya fueron derogadas. Para esto utilizó y sigue utilizando el aparato estatal penal para castigar a sus contrarios.

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El Poder Judicial ha sido parte de la estructura estatal a través de la cual se ha criminalizado la disidencia y protesta social. En el engranaje represivo los jueces y magistrados han cumplido la función de “legitimar» los atropellos cometidos por los agentes policiales y no han cumplido con el control del principio de proporcionalidad con el que deben ajustar sus actuaciones la Policía y el Ministerio Público, criticó el abogado penalista Elton Ortega.

“Han ‘legitimado’ y sido partícipes de la vulneración a la presunción de inocencia, derecho de defensa, igualdad jurídica, acceso a la justicia, celeridad procesal, y en general a todas las garantías que conforman lo que se conoce como el debido proceso. Las tres instituciones: La Policía Nacional, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia han conformado un triángulo funesto para las garantías de los ciudadanos acusados en el marco de la protesta social», reiteró Ortega.

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De las 760 personas que han sido encarceladas y enjuiciadas arbitrariamente por el orteguismo, unas 75 aún permanecen en las cárceles sometidos a todo tipo de vejámenes por ser reo de conciencia han denunciado abogados y familiares de reos.

“Los acusan después de las 48 horas de investigación. Los han sometido a torturas psicológicas o físicas de parte de policías y custodias de centros penitenciarios. Los jueces admiten acusaciones sin sentidos, condenan sin pruebas o con pruebas viciadas, muchas veces obtenidas de forma ilegal, los juicios duran hasta un año con términos vencidos», mencionó la abogada Yonarqui Martínez, defensora de derechos humanos de reos políticos.

Dos etapas de abusos

Las acusaciones contra presos políticos se pueden dividir en dos etapas. La primera antes del 10 de junio de 2019, día en que entró en vigencia la Ley de Amnistía, donde los acusaron de una “lluvias» de delitos como terrorismo, asesinato, obstrucción al servicio público, crimen organizado, incendio y otros tipos penales. En esta primera etapa las penas eran exageradas como la impuesta al líder campesino Medardo Mairena, a quien lo condenaron a 216 años de prisión.

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La segunda etapa corre a partir del 11 de junio de 2019 hasta la fecha, donde las acusaciones se dan principalmente por “montajes» de droga, armas y robo agravado a los opositores, cuyas penas andan entre los cinco y ocho años de cárcel, explicó Alexandra Salazar, miembro de la Unidad de Defensa Jurídica, organización de abogados formados para defender gratuitamente a presos políticos.

La Ley de amnistía fue aprobada por la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo el 8 de junio de 2019, para perdonar los actos de violencia cometidos durante las protestas del 2018, incluyendo los crímenes cometidos por los represores del pueblo, aunque no fueron acusados formalmente. Con esta ley, se esperaba que liberaran a los reos políticos con sentencias definitivas y les limpiaran su récord de antecedentes penales. Sin embargo, en la practica esto no ocurrió.

“Es una amnistía mal aplicada, debido a que los jueces dictaron autos de amnistía en los que únicamente daban por archivados los expedientes judiciales de las personas que estaban habidas, no así para los acusados ausentes. También fue indebidamente aplicada porque dictaron autos de amnistía y no se dictaron sentencias de sobreseimiento en los que se declarara la extinción de la acción penal según el artículo 130 del código penal y 72.10 Código Procesal Penal», explicó el abogado Ortega.

De igual forma, no se ordenó la devolución de los objetos ocupados a ningún acusado. En lo particular como abogado defensor de varios presos políticos, presenté los correspondientes escritos solicitando se dictara sentencia y no un auto de amnistía, y sigo esperando las resoluciones a pesar que he insistido», dijo Ortega.

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Como resultado de esa indebida aplicación de la amnistía, la abogada Martínez explicó que la situación legal de los excarcelados es incierta, porque no hay sentencia que cierre de forma definitiva los procesos. “El propósito es recapturarlos e imponerles cargos nuevos como los casos que ya se están ventilando en diferentes juzgados, donde hay más de 15 presos políticos que los han capturado nuevamente y tienen una nueva condena como el caso de Jaime Navarrete», detalló Martínez.

Esta situación de vulneración a derechos procesales y constitucionales a los presos políticos y excarcelados persiste aseguran abogados. Por ejemplo, este viernes condenaron a tres autoconvocados en medios de procesos ilegales, recordó la abogada Alexandra Salazar.

“Los juicios son irregulares. Se sigue coartando el derecho a la defensa, porque no hay igualdad de armas procesales, te eliminan las pruebas o simplemente el juez no las valora y los magistrados de apelaciones confirman las sentencias y el judicial en vez de ser imparcial dirige a la Fiscalía en las actuaciones. Hay una evidente parcialidad del poder judicial», recalcó Salazar.

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Hostigamiento

Los excarcelados políticos sufren además asedio en sus casas de habitación, al punto incluso de no dejarlos trabajar. En estas fechas cuando se acerca la celebración del segundo año de la rebelión del 19 de abril de 2018, el acoso contra estos incrementa para evitar que hagan algún tipo de protesta, como el asedio de este viernes por la noche en la casa del excarcelado Byron Estrada en León, cuando un grupo de parapolicías armados por la dictadura, llegó a plantarse en las afuera de su casa.

Otro atropello a los derechos de los presos políticos es que no les permiten ningún beneficio legal aunque cumpla con los requisitos ni en tiempos de pandemia del Covid-19. “Son reos con penas menores, son reos primarios y enfermos crónicos y aún así no les aplican ninguna alternativa jurídica que los beneficie», agregó Martínez.

Muchos escritos interpuestos a favor de los reos políticos siguen sin resolverse desde noviembre de 2019, lo que evidencia una vez más la retardación de justicia en su contra, aseguran abogados.