Cinco claves de la reforma electoral, según el abogado constitucionalista Gabriel Álvarez

El abogado constitucionalista Gabriel Álvarez aseguró este jueves que las elecciones siguen siendo la mejor opción para cambiar el destino del país a través de la voluntad ciudadana depositada en las urnas, pero advierte que un proceso electoral en Nicaragua solo será aceptable con al menos cinco cambios en el sistema electoral.

El Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua es controlado por el partido gobernante.

Desde la cúpula del CSE hasta la totalidad de la estructura territorial de todo el país están bajo el control del Frente Sandinista.

Cambiar el sistema electoral de raíz

Pero Álvarez valoró que el cambio de todos los magistrados del Consejo Supremo Electoral no será suficiente, porque la raíz del problema es el sistema bipartidista “excluyente e impuesto”.

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Álvarez recordó que ese bipartidismo “no surgió de la voluntad del pueblo”, sino del pacto político en el año 2000, entre el partido sandinista encabezado por Daniel Ortega y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) encabezado por Arnoldo Alemán.

“Los organismos electorales: desde los Consejos Departamentales hasta las Juntas Receptoras de Votos, están estructurados de acuerdo a la lógica que se impuso en el pacto del 2000. Entonces, el partido que gana las elecciones anteriores y el segundo partido, se reparten con la cuchara grande (el poder). Eso hay que modificarlo”, manifestó Álvarez.

Democratizar la participación de los partidos

Como resultado del mismo pacto, los partidos opositores son rehenes del CSE, por eso Álvarez plantea que se debe democratizar la participación de los partidos políticos.

El sistema partidario es “excluyente y antidemocrático”, dice.

“Los partidos tienen enormes dificultades legales para constituirse como tales, pero también se fortalece ese bipartidismo cuando las alianzas se estructuran: se constituyen teniendo a un partido político como la cabeza de la alianza. Entonces, la casilla, el nombre del partido y la representación legal de esa alianza es la que el partido que lo encabeza dispone”, expresó Álvarez.

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Asimismo mencionó que se debe fortalecer el sistema de garantías partidarias, a través de la acreditación de fiscales de estos partidos y del sistema de impugnaciones en los organismos electorales.

“El sistema de la justicia electoral debe modernizarse, debe ser más funcional y debe permitir la transparencia de todo el proceso de impugnación”, aseguró el abogado constitucionalista.

Fortalecimiento de la transparencia electoral

Otra de las prioridades para devolverle la credibilidad al sistema electoral es garantizar la transparencia del proceso electoral. Este aspecto tiene que tener como base la observación electoral independiente e irrestricta, según Álvarez.

“No más discrecionalidad del CSE para acreditar a los que él cree que son sus aliados y no acreditar a los que cree que no son sus aliados o más bien que no son aliados del partido de gobierno. No a las restricciones a organismos independientes con prestigio nacional e internacional; no a la exclusividad a organismos totalmente sesgados”, expresó Álvarez.

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El jurista agregó que se debe “ajustar el sistema de transmisión de datos en tiempo real y en todos los niveles hasta la última Junta Receptora de Votos”.

Garantizar el respeto del voto

Garantizar el ejercicio ciudadano del voto es otra condición necesaria para que la ciudadanía tenga confianza en que su voluntad será respetada en un proceso electoral. Álvarez dijo que eso se podrá lograr a través de la depuración del padrón electoral y asegurar la cédula para todos, que es el documento que sirve para votar y para identificarse como ciudadano nicaragüense.

“Tiene que terminar la privatización del padrón y permitir a los partidos políticos y también a toda la sociedad el acceso al padrón. Es decir, auditarlo si es posible, pero en cualquier caso también impulsar campañas de verificación ciudadana y de actualización del padrón electoral”, explicó Álvarez.

Igualmente, debe agilizarse la entrega de cédula a la ciudadanía y debe terminar su entrega politizada a los partidarios del FSLN.