Reducción del 3 % en la tarifa de energía en Nicaragua es insignificante y no se compara a las medidas tomadas por otros países de la región

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La reducción del 3 por ciento en la tarifa de energía que anunció este jueves la vicepresidenta designada Rosario Murillo no es comparable con las medidas de alivio que han impulsado los gobiernos a nivel centroamericano, ya que aunque no todos han reducido la tarifa, sí han aplicado mandatos que representan un alivio para el bolsillo de los ciudadanos en tiempos de pandemia.

En Panamá, el 25 de marzo el gobierno anunció que se aplicaría una reducción del 30 por ciento para quienes consumen entre 301 y 1,000 kilovatios al mes; y del 50 por ciento para quienes consuman de 0 a 300 kilovatios al mes, los que representan el 70 por ciento de clientes del sector domiciliar.

Y aunque en Nicaragua, quienes consumen de 0 a 150 kilovatios siguen siendo subsidiados: (de 0 a 100 kilovatios un 50 por ciento, de 101 a 125 un 35 por ciento y de 126 a 150 un 25 por ciento), quienes consumen entre 150 y 300 kilovatios al mes no reciben ningún beneficio, pero además deben pagar el 7 por ciento del IVA y el próximo año deberán pagar el 15 por ciento.

¿Qué significa una reducción del 3 por ciento para la población nicaragüense? Si un cliente pagaba 1,500 córdobas al mes, la reducción del 3 por ciento significa 45 córdobas. Es decir que ahora pagará 1,455 córdobas.

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Además, en Panamá se estableció una moratoria por 3 meses en el servicio de energía, esta vence el próximo 30 de junio, pero las autoridades informaron que se reunirán para ampliar el plazo.

Panamá no ha sido el único

Pero ese país no ha sido el único que ha aplicado reducciones, también Honduras estableció una baja del 14.85 por ciento en mayo para todos los sectores. Esa reducción se hace pese a que las distribuidoras de energía en Honduras tienen las pérdidas más altas de la región, que rondan el 31 por ciento, sobrepasando las de Nicaragua que hasta el 2018 andaban en 25 por ciento.

Además de la baja, las autoridades hondureñas anunciaron el 26 de marzo que quedaba temporalmente suspendido el corte por mora en el pago del servicio de energía. Esta medida aún se mantiene.

Ni reducciones ni medidas temporales

Tampoco en Nicaragua se han implementado medidas como en los otros países de la región, por ejemplo aplicar moratorias en el servicio de energía, suspender los cortes a las personas que no hayan podido cumplir con sus pagos y negociar las deudas.

El economista Javier Mejía, del Centro Humboldt, manifestó que la medida más adecuada para atender la crisis que se está viviendo en la actualidad son las reducciones en la tarifa, pero en Nicaragua un tres por ciento es insuficiente.

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“Nicaragua está siendo el último país de la región en adoptar medidas para atender a los usuarios del sector energético, que han demandado a gritos el apoyo del Estado, sin embargo el anuncio de una baja del 3 por ciento es poco, va ser imperceptible en la factura y además debió ser focalizada en el sector más vulnerable”, explicó Mejía.

Aunque Costa Rica, El Salvador y Guatemala no han rebajado el precio de la tarifa, sí impulsaron medidas temporales que representan un respiro, sobre todo para los más afectados por la pandemia del Covid-19.

En Guatemala, desde el 3 de abril 141 diputados votaron para que los servicios de energía, agua, teléfono e internet no fueran suspendidos durante el Estado de Calamidad, el cual está vigente hasta el 30 de junio y podría ampliarse según el comportamiento del Covid-19. También se aplicó un subsidio temporal del 3 meses para consumo de 0 a 300 kilovatios al mes.

Por su lado, El Salvador fue el primer país en implementar un plan de alivio a los usuarios. El 19 de marzo informó que quedaban suspendidos por 3 meses los pagos de agua, energía, teléfono e internet. Similar a esto, Costa Rica anunció, desde el 20 de marzo, que por tres meses se pagaría el 50 por ciento de la factura y el restante 50 por ciento se pagará entre junio y diciembre del corriente año.

¿Podría ayudar una moratoria?

Para el economista Javier Mejía, la aplicación de moratoria en el servicio no es la medida más factible para los consumidores. “Al final no significa que no vas a pagar, lo harás después y luego la economía seguirá igual a peor, y tendrás varios meses acumulados, por eso en ese sentido creo que la reducción es lo mejor, pero debe ser suficiente”, añadió Mejía.

Sin embargo, Juan Carlos López, director ejecutivo de la Defensoría al Consumidor difiere de Mejía y considera que en este tiempo es lo que urge, ya que hay muchos clientes que no pueden pagar. “La gente ya no puede pagarle a la distribuidora, no hay moratoria en ese tema, yo creo que a eso se debió apostar, porque esa baja del 3 por ciento es engaño», dijo López.

De hecho la Defensoría al Consumidor el próximo 3 de julio va a presentar una demanda colectiva a Disnorte-Dissur por cortes arbitrarios de energía, alteración en el consumo, inadecuada lectura de medidor, ubicación no legal del medidor y la consecuencia de malas instalaciones eléctricas.

Reducción no dejará alivio a los consumidores

El defensor de los consumidores también ha dejado claro que la medida que se anunció este jueves no dejará ni un mínimo alivio a los consumidores si Disnorte-Dissur no deja de alterar las facturaciones.

Por años el régimen de Daniel Ortega ha dado un manejo oscuro a la principal distribuidora de electricidad de Nicaragua, a la que le ha otorgado múltiples beneficios fiscales y económicos sin exigirle inversión para reducir las pérdidas técnicas y comerciales, lo que ocasiona que la tarifa no baje desde el 2016. Ortega incluso ha dado poder para que esta persiga, embargue y encarcele a los nicaragüenses.

En Nicaragua el pago de la electricidad es una carga pesada para la población, sobre todo porque es una de las más caras de Centroamérica. Solo el año pasado la tarifa subió casi un 20 por ciento, pero ni el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), ni Disnorte-Dissur dieron una explicación a los usuarios.

Hace más de un mes, el sector privado había demandado una reducción entre el 15 y 20 por ciento en la tarifa eléctrica, tomando en cuenta la caída del precio internacional del petróleo y la necesidad de la población, que se ha visto económicamente afectada por la pandemia.