Recursos para la Comisión Porras no aparecen en presupuestos. ¿De dónde salen?

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Dos años y tres meses ha estado funcionado la Comisión de la Verdad, conocida como Comisión Porras, pero no existe claridad sobre el origen de los recursos económicos para mantener su operación, puesto que en los documentos de los presupuestos anuales del 2018, 2019 y 2020 no aparecen establecidas asignaciones de fondos para esta iniciativa de Rosario Murillo para tratar de disfrazar la masacre de la dictadura durante las protestas sociales de 2018.

En una revisión a los presupuestos de los últimos tres años no se pudo identificar fondos asignados a la Comisión Porras, ni de forma directa o indirecta a través de otras instituciones del Estado. Sin embargo, Cairo Amador, analista político afín a la dictadura y presidente de la Comisión Porras, confesó a LA PRENSA que operan con fondos del Estado.

Alineada a Gustavo Porras

La Comisión Porras, conocida así por su lineamiento al sancionado presidente de la Asamblea Nacional, el orteguista Gustavo Porras, tiene sus oficinas en el sector de Plaza España. Sus miembros han realizado recorridos por los edificios públicos destruidos en las jornadas de protestas, sostenido reuniones con funcionarios públicos, con personas, mayormente simpatizantes orteguistas que se han presentado como víctimas de los protestantes; además han visitado las cárceles y publicado cuatro informes sobre su valoración de los hechos en el período del 18 de abril al 15 de julio del 2018.

Esa Comisión fue creada por una resolución legislativa de la Asamblea Nacional aprobada el 6 de mayo del 2018, durante el estallido de las manifestaciones sociales contra la dictadura orteguista, supuestamente para esclarecer los crímenes ocurridos en ese contexto.

El hecho que los cinco integrantes de la Comisión Porras respondieran a los intereses de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo les han valido desde el inicio el descrédito por parte de las víctimas de la represión.

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Protestas: actos de “violencia y rompimiento del orden constitucional”

Su parcialización hacia la versión de la dictadura ha quedado expuesta en las declaraciones públicas de sus miembros y en los informes de la Comisión, en los cuales se refieren que las protestas fueron actos de “violencia y rompimiento del orden constitucional”.

Han defendido el actuar represivo de la Policía Orteguista (PO), colocándola como víctima y sin tomar en cuenta para nada los testimonios de violaciones a los derechos humanos de los manifestantes.

La Comisión Porras inicialmente se creó por un período de tres meses, pero se ha ampliado su tiempo de operación en ocho ocasiones de forma consecutiva. La última extensión del período fue aprobada el 7 de mayo del 2020 por otros tres meses, aunque posiblemente la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, controlada por operadores de la dictadura, les siga ampliando su período de funcionamiento.

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Amador no sabe cuánto es el presupuesto que les asignan

Cairo Amador, presidente de la Comisión Porras, afirmó que reciben fondos del Presupuesto General de la República pero no supo especificar cuánto es el monto económico y ni por qué este no se refleja la asignación en los documentos oficiales.

¿Reciben fondos del Presupuesto de la República?, se le preguntó. “Sí», respondió Amador.

¿Bajo qué asignación, porque no aparecen?, insistió LA PRENSA. “Fíjate que en esa vaina ni me meto. Le voy a preguntar al contador. Hay una partida, ¿no?», dijo Amador.

Refirió que el monto económico que recibe la Comisión Porras “no es fijo» y que “básicamente es para gastos administrativos, que no sé cuánto son, porque eso no lo manejo yo», insistió Amador.

El funcionario hizo énfasis en que “no hay gastos para salarios de los comisionados» de ese órgano.

Junto a Amador integran la Comisión Porras, Mirna Cunningham, Francisco Uriel Molina, Jaime Francisco López Lowery. También era parte Adolfo Jarquín Ortel, quien falleció en agosto del 2019. Todos tienen vinculación con la dictadura. Por ejemplo Amador Arrieta es hermano del fundador del Frente Sandinista, Carlos Fonseca, y analista político afín al régimen de Ortega. Fue superintendente de pensiones y también presidente del Fondo Nicaragüense de Cultura.

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Familiares de víctimas no creen en la Comisión

En los dos años de existencia la actuación de los miembros de la Comisión Porras han aumentado la desconfianza por parte de las víctimas y familiares de los asesinados durante la represión del 2018. Señalan a la Comisión Porras de no tener interés en esclarecer la masacre durante las protestas desde abril del 2018, ni los demás crímenes sucedidos durante el recrudecimiento de la represión desde entonces, sino que se les acusa de pretender lavarle la cara al régimen ante los nicaragüenses y la comunidad internacional.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documenta 328 personas asesinadas en la jornada de represión a las protestas desde abril del 2018. Sin embargo, la Comisión Porras ha ido reduciendo el número de víctimas. Primero cifró en 269 los fallecidos, pero en el tercer informe correspondiente a febrero del 2019 registró 253 muertos.

AMA critica parcialización

Tamara Morazán y Francis Valdivia, de la Asociación Madres de Abril (AMA), criticaron la parcialización de los miembros de la Comisión Porras y señalan que su verdadera misión es distorsionar la realidad de los crímenes en los que se responsabiliza a la dictadura Ortega y Murillo.

“Los familiares de las víctimas de la represión no reconocemos a esa Comisión creada por el Estado, estamos en contra de cualquier tipo de falacia que dicen. En ningún momento han tenido empatía con las víctimas. No han tenido interés en hacer una investigación imparcial, en dar respuesta a lo que exigimos que es justicia, decir la verdad de lo que pasó a nuestros familiares», afirmó Morazán.

Cairo Amador aseguró que han tenido las puertas abiertas a todos los familiares y víctimas para recibir sus denuncias. AMA como organización reconoce que no han tenido contacto por la parcialización hacia el régimen de los funcionarios, aunque algunos familiares de protestantes asesinados sí tuvieron contacto con dicha Comisión, aunque eso no sirviera para nada, puesto que hasta hoy, todos los crímenes siguen en la impunidad.

“Obviamente todo es para mantener su circo. Es una Comisión que no ha dado ningún tipo de respuesta a los familiares de las víctimas, es una mampara más del régimen», señaló Morazán de AMA.

Francis Valdivia, presidenta de AMA, señaló que no hay credibilidad en la llamada Comisión de la Verdad porque “esa una iniciativa progobierno que desde un principio mostraron que el objetivo era ocultar la verdad de los hechos ocurridos, manipulando la información: cambiando fechas, lugares, edades de nuestros familiares asesinados para ocultar la verdad y no entregar a los responsables intelectuales y materiales de los crímenes de lesa humanidad».

Morazán y Valdivia siguen denunciando que sus hermanos Jonathan Morazán y Franco Valdivia, respectivamente, fueron asesinados por la Policía Orteguista y parapolicías de la dictadura. Los más de trescientos asesinatos, así como los otros crímenes en la jornada represiva en dos años de crisis sociopolítica, siguen en la impunidad.

Para la Comisión Porras no hay crímenes de lesa humanidad

En las páginas documentos remitidos por la Comisión Porras no se califican como delitos de lesa humanidad, como sí lo han hecho CIDH y Naciones Unidas, los crímenes cometidos durante la represión a las protestas.

El lenguaje es más suave, los informes de la Comisión Porras citan “sucesos» y “violencia», pero no hay resquemores por parte de la Comisión en atribuir el mayor peso de responsabilidad a los manifestantes.

Justifican el actuar represivo de Policía y no señalan la ilegalidad de los grupos de civiles armados como parapolicías y simpatizantes del régimen, así como su participación de los crímenes cometidos y documentados por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.

Los secuestros ocurrieron en los tranques, dice la Comisión Porras

Un ejemplo de cómo se criminaliza a los manifestantes es que en los informes de la Comisión Porras mencionan que en el contexto de las protestas hubo “la práctica de secuestros como una forma usada para crear una atmósfera de inseguridad, sobre todo para someter intencionadamente a las víctimas a torturas mediante golpes, fracturas de huesos, azotes, quemaduras con sustancias químicas, violaciones sexuales, quemados vivos, incluso hasta llevarlos a la muerte».

“Esta Comisión conoció que estos actos se cometieron mayormente en los sectores donde se desarrollaron los tranques y protestas en diferentes departamentos del país, predominando el secuestro de funcionarios públicos y personas afines al Gobierno», se establece en el primer informe preliminar. El discurso se ha sostenido en los otros dos documentos elaborados.

En ninguno de los documentos se ha señalado a la Policía, a la Juventud Sandinista ni a los grupos de armados del régimen de cometer esas prácticas, como ha sido denunciado mujeres y hombres con testimonios de vejámenes en cárceles clandestinas, así como excarcelados políticos cuando estuvieron en los distintos sistemas penitenciarios del país.