¿Por qué Daniel Ortega se acerca cada vez más a las sanciones de EE. UU.? El 2021 será clave para que entre a la lista de la OFAC

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Daniel Ortega no está excepto de sanciones por parte de Estados Unidos, y será su respuesta ante la crisis sociopolítica frente a un proceso electoral 2021, que determinará su ingreso a la lista negra del gobierno estadounidense, así como sucedió con cuatro de los miembros de su familia, y su homólogo Nicolás Maduro, en 2017.

Los analistas coinciden que Estados Unidos está abortando todos los mecanismos políticos, diplomáticos existentes para resolver la crisis en Nicaragua. Sin embargo, si no hay respuestas positivas por parte de Ortega, las sanciones en su contra podrían ser uno de los siguientes pasos.

Después del estallido social de 2018, Ortega admitió la instalación de dos diálogos nacionales, el primero, con una pluralidad de actores, y a cuya primera sesión asistió junto a la sancionada vicepresidenta Rosario Murillo, y el segundo, con una pequeña representación, del que nacieron acuerdos, siendo uno de ellos, la liberación de presos políticos, que cumplió a medias, dejando los otros puntos en el tintero.

El analista político y exdiplomático José Pallais explica que las sanciones son un medio para impulsar una salida democrática a la crisis, funcionan como un mecanismo de presión para motivar una negociación que concluya en la celebración de elecciones bajo estándares internacionales, a través de los que se pueda realmente superar la crisis que los Ortega-Murillo han acrecentado en el país.

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La posibilidad de sancionar a Ortega existe, pero desde su perspectiva, sería la última etapa del proceso, una vez que Estados Unidos se haya convencido que no hay ninguna posibilidad que el régimen se abra a encontrar la salida que la comunidad internacional y los nicaragüenses están demandando.

Por su parte, el exdiplomático, José Luis Velásquez, explica que las sanciones las administran de forma gradual, pero todavía no ha llegado el momento de Ortega, porque de hacerlo la salida a la crisis sería más difícil, ya que él quedaría sin posibilidades de implementar medidas, si es que quisiera ceder ante la presión interna y externa.

De igual forma lo ve el exembajador en la Organización de Naciones Unidas (ONU), Julio Icaza, quien sostiene que las sanciones han golpeado el entorno cercano y familiar de Ortega, pero no han tocado a su persona, para dejarle abierta una puerta y buscar esa salida.

Otra razón tiene que ver con las complicaciones legales que podrían derivarse de sancionar a un Jefe de Estado y de Gobierno, que hasta hoy sigue siendo reconocido como tal por los EE.UU.

Asimismo, es posible que Ortega tenga la mayor parte de su patrimonio “malhabido” a nombre de terceros, de sus hijos, familiares, empresas fantasmas y testaferros, considera Icaza, ya que “él nunca ha sido hombre de negocios y su oficio ha sido exclusivamente la conspiración política. Mientras se mantenga la posibilidad de una salida negociada a la crisis, a través de elecciones en el 2021, las sanciones no van a tocar a Ortega”, expresó el exdiplomático.

Uno de los últimos golpes que recibió Ortega fue la sanción contra su hijo Juan Carlos Ortega Murillo y su empresa de publicidad audiovisual Difuso Digital. También fue sancionado José Jorge Mojica Mejía, un conocido operador del régimen orteguista señalado de ser el testaferro de muchos negocios vinculados a la familia presidencial. Más de veinte funcionarios del régimen orteguista han sido sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, incluidas empresas y una institución pública, la Policía Orteguista, que es el brazo represor de la dictadura. También recaen sobre varios de sus funcionarios sanciones de Canadá, la Unión Europea y Suiza.

Camino hacia las elecciones

Nicaragua celebrará en noviembre de 2021 elecciones nacionales, pero antes de esto, Ortega tendría que haber permitido las reformas necesarias para garantizar un proceso limpio, en el que prevalezca la voluntad popular a través del voto. Sin embargo, hasta la fecha ha cerrado la puerta a organismos internacionales de derechos humanos y a la misma Organización de Estados Americanos (OEA), que ha cumplido cada uno de los pasos para la restauración de la democracia en el país, pero con resultados infructuosos.

Por ello, sobre Nicaragua también pesa la posibilidad que se aplique la Carta Democrática, pero una de las barreras es que se consigan los 24 votos de los Estados miembros del Consejo Permanente.

Sobre la posibilidad que EE. UU. decida sancionar a Ortega camino a las elecciones próximas, el exdiplomático Icaza explica que eso dependerá del tipo de reformas electorales que esté dispuesto a dar. Si las reformas son cosméticas y no hay elecciones libres, transparentes y observadas, con participación amplia de la oposición democrática, el conflicto pasaría a otro terreno.

“Esto se podrá saber a mediados del próximo año. El desconocimiento de los resultados de una nueva farsa electoral posibilitaría otro tipo de acciones, desde sanciones financieras directas a su persona hasta acciones legales por crímenes de lesa humanidad ante tribunales extranjeros, así como medidas de otra naturaleza», considera el exdiplomático.

Ortega más debilitado

Si Ortega llega a ser sancionado, esto provocaría que él quede severamente limitado, así como ha sucedido con otros sancionados que buscan testaferros o alguien que los represente, ya que están inhibidos financieramente, explica el exdiplomático Velásquez. “No pueden tocar ni un centavo porque ese centavo se contamina, y el sistema financiero no lo puede aceptar, entonces, tienen que buscar nuevos testaferros y al hacer eso, hay un problema de confianza, porque en quién van a confiar, y también eso induce a severas presiones internas dentro de la misma organización sandinista hacia la división y dispersión» expresó.

Para Pallais sancionar a Ortega significa el desconocimiento de su gobierno, pasaría a esa etapa de aislamiento total internacional, de cierre de relaciones comerciales, incluso, un primer paso, previsible, podría ser la exclusión de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio con EE. UU (DR-Cafta), lo que a su vez, implicaría una bomba económica, de grandes dimensiones, que dejaría más destruido las posibilidades de sostenimiento del gobierno de Ortega, sin capacidad de mantener su aparato burocrático, y con niveles de pobreza aun mayor, que pudieran explotar en otra revolución social como la de 2018.

Para Icaza “Ortega quedaría en una situación de extrema debilidad, expuesto incluso a ser objeto de órdenes de captura giradas por algún juez internacional por procesos criminales que podrían ser iniciados en su contra”.

Nicaragua y Venezuela, escenarios diferentes

El 31 de julio de 2017, después de la realización de la Asamblea Nacional Constituyente, el Departamento del Tesoro sancionó a Nicolás Maduro, y lo calificó de dictador. Tres años después Maduro sigue en el poder, soportando más presión del gobierno de Donald Trump. No obstante, para Pallais el caso nicaragüense no es comparable con Venezuela, que tiene más opciones económicas, mayor nivel de apoyo por compromisos de inversión de Rusia, China, Irán, que no existen en Nicaragua, por ende, la capacidad de sobrevivencia de Maduro es mayor que la del régimen Ortega-Murillo.

Para el exdiplomático Icaza las sanciones tanto en Venezuela como en Nicaragua, hasta el día de hoy, no han sido lo suficientemente eficaces para obligar a los dictadores a sentarse a buscar seriamente una salida negociada. En el caso de Maduro, Venezuela cuenta con recursos que le han permitido subsistir, petróleo, oro y otros minerales, dinero del narcotráfico. Nicaragua tiene una situación económica mucho más frágil. “Esa falta de eficacia de las sanciones podría empujar a Ortega a seguir los pasos de Maduro y una vez más equivocarse», alertó.

A su vez, Velásquez recuerda que Nicaragua es un país cuyos motores económicos se basan en créditos internacionales, donaciones, inversión extranjera directa y remesas, todas se han visto afectadas. “Ortega es enormemente vulnerable frente a las sanciones porque no tienen recursos (…)», asegura, pero advierte que eso no implica que no hayan conexiones con Venezuela, con cuya cooperación edificó el “falso» crecimiento económico de años anteriores.

Tanto Icaza, Velásquez y Pallais consideran que un cambio de gobierno en Estados Unidos no tendría un gran impacto en cuanto a la decisión de sancionar o no a Ortega, puesto que republicanos como demócratas han apoyado resoluciones sobre la situación de Nicaragua, además de la aprobación de la Nica Act.

“Las sanciones decretadas contra un creciente número de funcionarios, empresas y familiares de Ortega son decisiones de Estado difíciles de revertir, si no se cumple con las condiciones establecidas en las leyes, principalmente la Nica Act. Desmontar esa política sin cambios sustantivos de parte de Ortega, que puedan ser evaluados por el Congreso y el Senado, va a ser muy difícil», dijo Icaza.