Sin agua, comida y en alto riesgo de contagio de Covid-19. Ortega viola derechos a nicaragüenses varados en Peñas Blancas

Aunque el régimen orteguista asegura que gobierna el “pueblo presidente”, su discurso se desmorona cuando más de 150 nicaragüenses son dejados a su suerte en la frontera de Peñas Blancas, donde las autoridades y antimotines les niegan el ingreso a Nicaragua porque no tienen la prueba negativa de Covid-19, pero tampoco les facilitan la realización de este examen. En lugar de proteger a sus ciudadanos, por mandato constitucional, violan sus derechos de forma negligente, consideran exdiplomáticos consultados.

De acuerdo a José Dávila, exdiplomático, el Estado nicaragüense está en la obligación de atender a sus ciudadanos donde estén porque es uno de sus principales objetivos, la protección de sus ciudadanos, lo que pasa es que el gobierno de Nicaragua ha sido negligente, no ha tomado en serio la pandemia y tampoco analizó con tiempo la situación de los nicas que podrían quedarse sin empleo en el exterior para facilitarles su ingreso al país, detalló.

Desde las 11:00 a.m. de este lunes, grupos de nicaragüenses se empezaron a juntar a las puertas del paso fronterizo de Peñas Blancas, donde tienen más de 48 horas varados. Este miércoles, según una fuente que está en el lugar, las autoridades de migración les orientaron formarse en una fila y anotarse en una lista, bajo el supuesto que los dejarían pasar. Sin embargo, tres horas después no ha sucedido nada y creen que solo fue para permitir el paso de tránsito pesado, ya que ellos estaban distribuidos en mitad de la calle.

“Nos pidieron que hiciéramos la fila y nada más, tienen tres horas, no nos pasan, no tenemos agua, no hemos comido, ni nada», expresó la fuente.

El impedimento oficial es que no cuentan con la prueba de Covid-19, pero ellos vuelven a su país porque se quedaron sin empleo en los países donde trabajaban, Costa Rica y Panamá. Han reclamado que les faciliten las pruebas, pero las autoridades callan, y por el contrario han dispuesto antimotines que los han cercado.

El exdiplomático Dávila es enfático en asegurar que el ingreso al país “jamás” puede ser negado a ningún ciudadano que quiera volver a su país. “Cometen una gran falta fundamental contra sus ciudadanos en no atenderlos”, expresó. Por su parte, el también exdiplomático y analista político, José Pallais, sostiene que “está practicando un acto totalmente inhumano con esos hermanos nicas”, a quienes les viola sus derechos constitucionales, derechos humanos y que además están tratando de trasladar la responsabilidad de la salud de la nación y de estos connacionales a otros países, cuando es responsabilidad primordial del Estado nicaragüense.

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En la Constitución Política de Nicaragua en el artículo 59, respecto al Derecho a la Salud, establece “que los nicaragüenses tienen derecho, por igual, a la salud. El Estado establecerá las condiciones básicas para su promoción, protección, recuperación y rehabilitación. Corresponde al Estado dirigir y organizar los programas, servicios y acciones de salud y promover la participación popular en defensa de la misma. Los ciudadanos tienen la obligación de acatar las medidas sanitarias que se determinen”.

Al respecto Pallais explica que es responsabilidad del Estado de Nicaragua practicarles la prueba de Covid-19. Para él una opción sería someterlos a una cuarentena, para la que deben habilitar instalaciones donde se les permita permanecer un tiempo prudencial, se les practican los exámenes, como responsabilidad primordial del Estado, y cuando salga el resultado negativo se permite la libre circulación, en caso de ser positivos se les mantiene ahí o se les hospitaliza, pero ya con tratamiento.

Ese sería un procedimiento normal que siguen otros gobiernos responsables, y recuerda que “los ciudadanos de un país son problemas del Estado del cual son nacionales”, y no le puede exigir que otro Estado le practique o que ellos-los ciudadanos- practiquen aquellos procedimientos para salvaguardar la sanidad colectiva, que está obligado el Estado nicaragüense, recalcó.

Las autoridades nicas han regplegados a los connacionales varados en Peñas Blancas.
LAPRENSA/Cortesía

Se excusa en orden

Las fronteras de Nicaragua tuvieron un cierre de facto, pero no por mandado constitucional en medio de la pandemia. Con esa traba se encontraron muchos nicas que quisieron volver cuando los contagios empezaban a contarse por centenas. Sin embargo, ahora, el mismo Daniel Ortega, dijo en su discurso de El 19 de julio, que se está administrando “con mucho cuidado lo que es el ingreso de quienes vienen de otros países… claro que nos interesa que los nicaragüenses que están en otros países puedan regresar a Nicaragua, pero eso hay que hacerlo de forma ordenada. Fíjense bien cómo se han cerrado las fronteras en el mundo, incluso en los países desarrollados”, expresó.

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Sin embargo, el discurso no ha alcanzado para solucionar la problemática de estos varados en Peñas Blancas, y otros en Guatemala, que no cuentan con los medios económicos para realizarse una prueba de Covid y volver a su país. Para Pallais la respuesta del régimen a los connacionales “es una total irresponsabilidad” y obedece al desprecio al ciudadano, y es parte de la incapacidad para gobernar, porque no hay excusas, explicó.

Riesgo sanitario

El epidemiólogo Álvaro Ramírez explicó que el gobierno está obligado a proporcionar las pruebas gratuitas a la población para facilitar su tránsito, para ello deberían disponer miembros del Ministerio de Salud (Minsa) para hacer las pruebas donde está la gente, si es que realmente quieren proteger. Recordó que la población migrante está en alto riesgo debido a las condiciones inapropiadas en las que se encuentra.

“Aquí lo que está haciendo ahora (Daniel Ortega) es utilizando el Covid como una herramienta político-económica para controlar el tráfico migratorio internacional, no hay ningún interés sanitario en el hecho de haber puesto esa medida de esa forma”, expresó, puesto que el mismo Minsa anunció que si un nicaragüense requiere por motivos de viajes realizarse la prueba cuesta 150 dólares, una medida que especialistas han visto con fines recaudatorios, cuando todavía se desconoce el uso que ha hecho de las donaciones de test PCR.