Este es el «limbo jurídico» en el que Ortega mantiene a nicaragüenses en Peñas Blancas

Alrededor de 400 nicaragüenses varados en Peñas Blancas se encuentran en un “limbo jurídico» debido a la ubicación en la línea divisoria de Costa Rica y Nicaragua. Ellos firmaron su salida del territorio costarricense – lo que les impide reingresar al país sin los requisitos migratorios de rigor – y el régimen de Daniel Ortega les bloqueó la entrada al no presentar la prueba negativa del Covid-19.

“A esos compatriotas nicaragüenses se les está negando el derecho constitucional de vivir en su país. Todo esto es una prueba más del manejo absurdo y arbitrario, violatorio de los derechos humanos, que está haciendo el gobierno Ortega-Murillo de la pandemia», declaró el exdiplomático y exembajador ante la Organización de Naciones Unidas, Julio Icaza Gallard. Ellos están en territorio nica, aunque el gobierno no los admita.

Para especialistas en derechos humanos y democracia, Ortega no solo está violando el artículo 31 de la Constitución Política de Nicaragua, que indica que todo nicaragüense tienen derecho a entrar y salir libremente del país, sino que también atenta contra la dignidad y salud de la persona en un contexto de pandemia del Covid-19, lo que podría escalar en una crisis humanitaria por las condiciones y la cantidad de personas hacinadas.

Por su parte, el analista político y ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Mauricio Díaz, refirió que la acción de un Estado en este tipo de situación es enviar a sus consulares a garantizar la seguridad de los connacionales, pero el régimen “ha irrespetado los compromisos jurídicos internacionales».

“El tratamiento ha sido indigno, esto es como si están tratando a un enemigo y no a un compatriota que se merece toda la consideración y respeto a su dignidad como ciudadano nicaragüense. Es un desprecio a nuestra gente», dijo Díaz. Se trata de tener cautivos a ciudadanos en su propio territorio, sin que puedan circular libremente o si quiera poder hacer valer su ciudadanía, como si no fuesen sujetos de derechos humanos y estuvieran en tierra de nadie.

Además del limbo jurídico en el que el que Daniel Ortega tiene sumidos a cientos de nicaragüenses, así luce el limbo físico creado por agentes de seguridad para retener a los ciudadanos. Infografía: Luis González.

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¿Qué condiciones le ofrece Costa Rica?

El gobierno de Costa Rica dio a conocer que permitirá que los nicaragüenses rechazados por el régimen ingresen al país si estos lo desean y si cumplen el requisito de presentar la prueba negativa de Covid-19 y la anulación de su egreso y demás actos administrativos colaterales. Sin embargo, la Policía de Migración costarricense manifestó que algunos nicaragüenses han expresado que se quedarán en el puesto fronterizo hasta que logren el permiso de ingreso a su patria.

Ante este escenario, el abogado y experto en derechos humanos, Uriel Pineda, señaló que la acción de Costa Rica es un gesto humanitario, le da una “dimensión internacional» a la problemática porque ese país solo había accedido a brindar el tránsito a los nicaragüenses para llegar a su destino. La obligación de resolver la situación es del gobierno de Nicaragua.

“Cuando uno ingresa al país hay registro de ingreso y egreso. La situación jurídica en que están los nicaragüenses implicó, como iban para Nicaragua, pasaron por Costa Rica, firmaron su salida y Nicaragua nos los deja entrar, es decir ellos están, literalmente, en la raya, en la línea divisoria y para poder regularizar su estatus migratorio tienen que anular la solicitud de egreso para que reingresen legalmente a Costa Rica,», agregó el jurista.

“Una cosa es que yo te permita el acceso como país de tránsito porque vas para otro lado y otra cosa es que yo te ofrezca, ante la negativa de tu país de que ingreses, protección humanitaria y jurídica (…) Costa Rica está visualizando que Nicaragua no está brindando protección internacional que está obligada a dar a sus connacionales», explicó Pineda.

Pineda declaró que una vez que el nicaragüense acepte el reingreso a Costa Rica, deberá apelar a la solidaridad de paisanos o familiares para no quedar en la intemperie. Desde hace casi 15 días días los connacionales están expuestos a condiciones precarias, aguantando lluvia, frío, sol y hambre, sin que hasta ahora el régimen se refiera a esta situación. En su mayoría, los nicaragüenses regresan al país debido a que quedaron sin empleo.

Las pruebas deben ser asumidas por Nicaragua

El régimen orteguista está exigiendo y excusándose en que los nicaragüenses no pueden entrar al país si no presentan el examen negativo de Covid-19. Sin embargo, los especialistas aclaran que esto es una obligación del Estado garantizar este requisito a sus ciudadanos, y más cuando se encuentran en este tipo de contexto de pandemia.

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“La prueba negativa del Covid que se les está exigiendo no puede suspender bajo ninguna circunstancia ese derecho constitucional (de ingresar al país) y solamente podría tener un propósito sanitario para controlar el contagio. La prueba, además, debe ser proporcionada por las autoridades de salud, las únicas que por un manejo también arbitrario y absurdo, tienen control sobre este tipo de pruebas», declaró Icaza Gallard, quien agregó que en un caso que se dé un resultado positivo, el ciudadano debe poder ingresar al país y someterse a una cuarentena y controles adecuados.

El régimen de Ortega ha recibido más de 30 mil pruebas para detectar Covid-19 pero hasta la fecha se desconoce el destino y uso que han tenido estos test. Médicos despedidos del sistema de salud público denunciaron que el propio Ministerio de Salud les negaba la prueba al personal para no causar “alarma». Asimismo se conoció que el régimen adquirirá cien mil pruebas más pero tampoco se sabe cuándo llegarían al país.