Entran en vigencia tarifas en dólares por servicios migratorios en Nicaragua

La dictadura de Daniel Ortega puso en vigencia el cobro dolarizado de las tarifas de los servicios migratorios al publicar en La Gaceta, Diario Oficial, la reforma a la Ley de Migración y Extranjería (Ley 761), este 6 de agosto.

Al dolarizar todas las tarifas de los servicios migratorios, estas aumentaron entre 110 y 600 por ciento de acuerdo a estimaciones de diputados opositores que votaron en contra de la reforma promovida por la dictadura.

Las medidas fueron adoptadas en apenas cuatro días, desde que el dictador Ortega mandó la propuesta de reforma con carácter de urgencia el pasado 3 de agosto y fuese aprobada por los los diputados orteguistas que son mayoría en la Asamblea Nacional, como en ponerla en vigencia para empezarse a cobrar las nuevas tarifas.

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El sector empresarial así como organizaciones sociales y partidos políticos adversarios al régimen han criticado la dolarización de los servicios en Migración y Extranjería, porque su objetivo es recaudatorio, pero además por ser ilegal, ya que se violó la Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua (BCN), que establece que la moneda oficial de Nicaragua es el córdoba y es en la que se deben cobrar todos los impuestos, tarifas, honorarios, sueldos, salarios, contratos y obligaciones de cualquier clase o naturaleza.

La reforma a la Ley 761 en vigencia contempla costos diferenciados por los servicios para los extranjeros, que el sector empresarial y políticos han señalado que desalentará al sector turístico, ya fuertemente golpeado por la crisis sociopolítica y sanitaria, además de quitarle atractivo a Nicaragua como país de retiro para pensionados extranjeros.

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La dolarización de los servicios migratorios es una de las diez medidas recaudatorias que la dictadura ha implementado en el país, sin importar los efectos negativos a la población ni a las empresas afectadas por la crisis sociopolítica, económica y que se ha empeorado por la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19, que ha denunciado el sector privado.

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