Despidos, asedio, amenazas y cárcel para los trabajadores de la salud en los últimos dos años

El gremio médico no tiene nada que celebrar este 8 de agosto, Día Nacional del Trabajador de la Salud, porque desde hace dos años la represión, asedio y represalias en contra de este sector han aumentado. Médicos independientes y organismos de derechos humanos han señalado que desde abril de 2018, cuando estallaron las protestas sociales contra el régimen de Daniel Ortega, hasta la fecha, se han intensificado los ataques en contra de aquellos que difieran de la ideología política de su Gobierno.

Desde 2018 los médicos han sido despedidos, reprimidos, asediados, amenazados y hasta encarcelados, primero por haber atendido a los heridos de las protestas sociales y por denunciar luego las violaciones que cometía en régimen contra la ciudadanía.

Al menos 20 trabajadores de la salud fueron despedidos arbitrariamente por el régimen en el contexto de la pandemia del coronavirus y dos habrían sido forzados a renunciar, de acuerdo al reporte que compartió en junio pasado la Unidad Médica Nicaragüense (UMN). Revela además que desde abril de 2018 a junio de 2020 serían aproximadamente 470 personas afectadas, de los cuales 260 son médicos y 137 se encuentran exiliados. Hasta en enero de este año se registraban 87 casos de renuncias bajo coacción.

Sumado a la asfixia política, la pandemia del Covid-19 también ha venido a golpear al gremio: 101 profesionales de la salud fallecidos por Covid-19 y 756 con sintomatología, según el último informe del Observatorio Ciudadano con fecha hasta el 29 de julio.

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Sin embargo, Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, dijo este jueves que ese tipo de denuncias son “calumnias» y exaltó la labor de los Ortega-Murillo durante estos 13 años en el poder. “Ahí que nos levanten calumnias, pero ninguno de nosotros andamos preguntando cuando llega alguien ahogándose con un cuadro asmático, por quién vas a votar o por quien votaste, lo que el trabajador de la salud busca es salvar vida», dijo Porras, quien olvidó que en el 2018, Sonia Castro, la exministra de salud, ordenó no atender a los heridos de las protestas. El médico que lo hiciera era despedido.

Este es el recuento de los hechos represivos contra los médicos que ha realizado durante estos dos últimos años el régimen orteguista.

UMN asediada

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La organización médica ha denunciado la falta de medidas contra la pandemia del coronavirus. LA PRENSA/Tomado de Facebook

El 11 de junio de 2020 la UMN denunció el asedio a sus oficinas por parte de la Policía Orteguista. Dos patrullas que movilizaba a unos 15 agente de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP) se apostaron en los alrededores del edificio.

José Antonio Vásquez, presidente de la UMN, declaró en ese momento que el asedio fue parte de un mensaje intimidatorio al gremio médico, que ha denunciado el mal manejo de la pandemia de la dictadura Ortega-Murillo.

Obligados a cambiar pronósticos

Los médicos que fueron despedidos por el régimen orteguista denunciaron ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), que en el contexto de la pandemia el Ministerio de Salud les obligó a cambiar el diagnóstico de Covid-19, aunque las pruebas dieran positivo, por neumonía u otra enfermedad asociada. La orden también era para los certificados de defunción.

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Parte de médicos denuncian sus despedidos arbitrario por parte del régimen orteguista ante la CPDH. LA PRENSA/CORTESÍA

También señalaron que el Minsa les prohibió la realización de las pruebas del Covid-19 porque cuando se conoció la noticia de los primeros siete médicos contagiados entre el gremio, se “alarmó» a la gente. “Cuando salió esta información a luz, dijo el Minsa que no se lo iban hacer (las pruebas) porque los médicos alarmábamos a la población», compartió en ese momento la doctora María Escoto López, especialista en anestesiología, despedida por el régimen.

El mismo grupo de doctores señalaron que durante los primeros tres meses de la pandemia apenas habían recibido entre dos y cuatro mascarillas de N95 pese a estar en la primera línea de defensa, y trabajadores de la salud reportaron que en esa primera fase no se les permitía usar equipos de protección para no crear alarma en los pacientes.

Despidos masivos

El 9 de junio 2020 se conoció el despido de al menos 10 especialistas de salud de los hospitales públicos. ¿El motivo? Denunciar la falta de acción del régimen ante la pandemia, demandar equipo de protección personal y distribuir medios de protección a los médicos.

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Parte de los médicos despedidos por el régimen por demandar medidas de higiene al personal médico y medidas de contención contra la pandemia. LA PRENSA/R. FONSECA

En los días siguientes, más especialistas fueron despedidos de hospitales de los diferentes partes del país. Se reportaron casos en Managua, Estelí y León. De acuerdo a los testimonios de los afectados, la única explicación que le dieron fue que era una “orden de arriba».

Campaña de desprestigio

Una acción que caracteriza al régimen orteguista es que utiliza a sus simpatizantes para desprestigiar a los opositores, ya sean políticos, periodistas o médicos. El infectólogo Carlos Quant Durán fue una de las víctimas de esas campañas difamatorias, al ser señalado -supuestamente- de discriminar a personas trans y homosexuales, portadoras de VIH, que realizan terapia antirretroviral en el Hospital Roberto Calderón Gutiérrez, conocido como Manolo Morales.

El 4 de junio de 2020, el doctor fue despedido luego de más de 20 años de laborar en esa unidad de salud. En su momento, el especialista declaró que su salida se debió a represalias políticas por criticar el mal manejo de la pandemia.

Plantón bajo asedio

Un plantón que convocó la UMN el 3 de agosto de 2019 movilizó a decenas de policías, antimotines, parapolicías y hasta táctica canina para impedir que los ciudadanos protestaran en contra de los Ortega-Murillo.

En estos momentos leen la lista de las personas asesinadas por la Dictadura Ortega-Murillo durante el plantón médico en el edificio Pellas @laprensa @hoynoticias pic.twitter.com/FHiK3HJHBz

— Oscar Navarrete (@navax1969) August 3, 2019

La actividad fue con el objetivo de exigir el cese a la represión, el acoso y los despidos de los trabajadores de la salud, así como la reintegración del personal que había sido corrido en el contexto de la crisis.

Secuestrada y encarcelada

La doctora Camelia Aráuz, cirujana dentista, fue secuestrada -y posteriormente encarcelada- el 23 de febrero de 2019 por parapolicías y encapuchados, quienes llegaron a su casa ubicada en El Dorado. Según denunció la UMN en su momento, la doctora fue torturada física y psicológicamente. La detención arbitraria de la médico le produjo ansiedad extrema y depresión.

Primeros corridos

Para el 2 de agosto de 2018, el sistema de salud pública ya contaba con decenas de despidos arbitrarios de médicos solo por oponerse a las órdenes del régimen: no brindar primeros auxilios a los manifestantes heridos ni opinar en contra del Gobierno. Solo en Jinotepe, el sistema de salud despidió a 21 trabajadores de la salud.

El 27 de julio, más de 40 profesionales de la salud fueron despedidos por las autoridades del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello (HEODRA), en León. Entre los corridos, estaban enfermeras, laboratoristas y otros trabajadores de diferentes áreas.

Doctora golpeada y detenida

El 14 de julio de 2018, uno de los meses más crudos de la represión, la pareja de médicos Blanca Cajina Urbina e Irvin Escobar fueron detenidos por unos parapolicías en plena vía pública, en Carretera a Masaya. Los agresores bajaron del vehículo a los doctores y le obligaron a que se tiraran en el suelo. Uno de ellos le propinó una patada en la cabeza a Cajina.

?‼ Denuncia: paramilitares deteniendo carros y bajan a las personas para registrarla en un acto arbitrario. Cuidado al circular por esta zona en Carretera a Masaya, inmediaciones del Hotel Princess. pic.twitter.com/aBqdnnC7c7

??? Ocupa Inss (@OcupaINSS) July 14, 2018

Tras seis meses de detención arbitraria, el odontólogo Escobar, quien atendió a universitarios atrincherados en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (Unan-Managua), fue declarado culpable de tráfico ilícito de armas.

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