Estas son las propuestas que Daniel Ortega ha rechazado desde el 2018 para seguir con su postura dictatorial

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En más de una ocasión, Daniel Ortega ha tenido en sus manos la oportunidad de cambiar el rumbo de Nicaragua devolviéndole a los ciudadanos el derecho de elegir a su gobernante, pero ha decidido aferrarse al poder por la fuerza de las armas, la represión y el acoso y ha llevado al país por un camino minado de muertes, dolor, miedo e indignación.

A partir de los acontecimientos de 2018, diferentes sectores hicieron propuestas a Ortega para resolver la crisis por una vía pacífica y democrática. Una de las primeras propuestas llegó de parte de los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), que en ese momento actuaban como mediadores en la Mesa del Diálogo Nacional entre el régimen orteguista y los sectores opositores agrupados en la Alianza Cívica.

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Fue el mismo Ortega quien solicitó la mediación de los obispos en un Diálogo Nacional. En la escalada del levantamiento cívico se vio superado por las protestas civiles en todo el país, principalmente las barricadas que la ciudadanía levantó en las calles de los barrios, comunidades, avenidas y carreteras; en parte para evitar la entrada de las patrullas policiales o las camionetas Hilux que trasladaban a encapuchados armados que disparaban para aterrorizar a la población.

Las barricadas, también llamadas tranques, paralizaron el tráfico vehicular parcialmente en todo el país y bloquearon el tránsito transnacional en las fronteras, convirtiéndose en la mayor presión ciudadana capaz de sentar a Ortega por primera vez en 11 años frente a estudiantes, campesinos, indígenas, representantes de organizaciones civiles y empresarios. Todos demandando derechos negados y reclamando justicia por las 55 personas muertas -hasta ese momento, 16 de mayo- en el contexto de la violencia gubernamental. Los días transcurrieron sin avances sustanciales en la mesa de diálogo y la cifra de muertos por la represión se elevó a más de 300 personas al cierre de 2018, de acuerdo al reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua han sido atacados por el Gobierno por su posición crítica contra la represión a las protestas ciudadanas. LA PRENSA/ ARCHIVO

Propuesta de la CEN

El 7 de junio de 2018, los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) presentaron un documento denominado Agenda del Diálogo, donde proponían adelantar las elecciones al 29 de marzo de 2019, a través de «Mecanismos constitucionales para la celebración de un proceso electoral libre y transparente en Nicaragua».

La ruta de la democratización que propuso la Conferencia Episcopal era “un acuerdo constitucional”. Los obispos de la Iglesia católica dejaron claro en el documento entregado a Ortega que el restablecimiento de la democracia tenía que implicar el acuerdo político de adelantar las elecciones de Presidente, vicepresidente, diputados y alcaldes.

Como “elementos fundamentales” los obispos plantearon que debía existir el “respeto irrestricto” a la Constitución Política, a los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos; la separación e independencia de poderes públicos; la despartidarización del poder judicial y el electoral. Además de una nueva “regularización” legal de los partidos políticos donde se incluya la suscripción popular, así como elecciones libres y justas con observación nacional e internacional, y transparencia de mecanismos concretos de lucha contra la corrupción y la impunidad.

El plan diseñado por la CEN establecía una serie de acciones a ejecutarse inmediatamente después de la reunión con Ortega ese 7 de junio.

El 15 de junio debían renunciar y ser sustituidos los magistrados del Consejo Supremo Electoral. En esa misma fecha se debía reformar la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional para establecer que las reformas constitucionales entraran en vigencia en 2018.

El 22 de junio fue la fecha propuesta para que se aprobaran en primera legislatura, por parte de la Asamblea Nacional, las reformas a la Constitución Política en las que se acortaría el período del Presidente, magistrados, diputados y el resto de autoridades y establecer las elecciones el 29 de marzo del 2019. Esa reforma incluiría “la no reelección” y establecer nuevos periodos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del resto de funcionarios de instituciones que son electas por la Asamblea Nacional como es el caso de la Fiscalía General de la República y el Consejo de la Contraloría.

El 25 de junio la Asamblea debía aprobar en segunda legislatura la reforma a la Constitución para que entraran en vigencia los cambios, según lo propuesto por la CEN.

La respuesta de Ortega a la CEN

El 12 de junio de 2018, cuando Ortega contestó a la CEN, el número de muertes por la represión había aumentado a 162 de acuerdo a denuncias civiles. Ortega respondió a los obispos que estaba “dispuesto a escuchar todas las propuestas dentro de un marco constitucional a fin de que se puedan consensuar”, pero insistió en que se debían parar las protestas civiles. Después de esa respuesta, el régimen comenzó a argumentar, a través del canciller Denis Moncada -quien encabezaba la delegación del régimen orteguista en la mesa diálogo-, que lo que planteaba la CEN era la definición de un «golpe de estado», discurso que Ortega mantiene hasta la fecha.

A través de ataques armados, Ortega aplastó las marchas masivas y la resistencia civil en los tranques. Al finalizar 2018, habían muertos más de 325 personas según un reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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Más de 325 personas murieron por la represión en 2018, según un reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). LA PRENSA/ARCHIVO

Segunda versión del diálogo

En febrero de 2019 se hizo otra versión del Diálogo Nacional sin la mediación de los obispos de la CEN. En el denominado Diálogo del Incae (llamado así porque se realizó en las instalaciones del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas) se logró que los delegados de Ortega firmaran un acuerdo de derechos y garantías ciudadanas, ya establecidos en la Constitución Política de Nicaragua, y que por obligación debió haber cumplido Ortega desde que regresó al poder en 2007.

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Amcham y Cosep son parte de la Alianza Cívica con la que la dictadura ha establecido dos diálogos nacionales, que fracasaron por el incumplimiento del régimen. LA PRENSA/ ARCHIVO

El “Acuerdo para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas” establecía el compromiso de cumplir al menos diez principios constitucionales, que incluyen: el debido proceso y tutela judicial efectiva, derechos económicos, seguridad y defensa nacional, derechos de los nicaragüenses en el exterior, derechos políticos, derechos laborales, libertad de expresión y de información veraz, garantías procesales, autonomía universitaria, definición de terrorismo y financiamiento al terrorismo.

El régimen se comprometía a “garantizar el derecho de concentración, manifestación y movilización pública, en cumplimiento de la Constitución y las leyes de la materia». Pero a la fecha, el régimen orteguista no ha cumplido esos compromisos, mostrando el mejor estilo de «firmar me harás, cumplir jamás».

Otras propuestas

En septiembre de 2019, las 26 cámaras del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) presentaron su propuesta de nación con 15 puntos para conseguir el restablecimiento de todos los derechos fundamentales y del crecimiento económico en Nicaragua, reiterando que si el régimen orteguista seguía negándose a poner fin a la represión, conduciría al país hacia el hundimiento. Daniel Ortega los ignoró.

La decisión de Ortega de aferrarse en el poder por la vía de las armas ha sumido al país en una profunda crisis económica, política y social agravada por la pandemia del Covid-19. Existe además un estado de inseguridad pública en toda Nicaragua por la impunidad con que vienen actuando los paramilitares que defendieron la permanencia de Ortega en el poder en 2018.

Un estudio de la investigadora Elvira Cuadra reveló que en el primer semestre de 2020, los homicidios aumentaron en un promedio de 19 por mes; en un 44 por ciento cometidos con armas de fuego y con altos niveles de violencia, tal como se puede ver en las múltiples heridas o disparos que presentan las víctimas. En un poco más del cuarenta por ciento de los casos, las víctimas recibieron más de un disparo, según el estudio denominado «La evolución de la violencia letal en Nicaragua».

Cuadra no descartó la teoría de que los grupos armados que actuaron en 2018 en coordinación con la Policía Orteguista (PO), para reprimir y matar a los opositores, ahora tengan un nuevo modo de operar de manera delictiva.

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Durante las protestas ciudadanas de 2018, grupos paramilitares fuertemente armados salieron a reprimir. LAPRENSA/ARCHIVO