Expulsión y desaparición de registros académicos, otra forma de represión

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), abordó el tema Represión, persecución y encarcelación de estudiantes de Nicaragua en su primera reunión sobre temas de Latinoamérica. Algunos de los análisis concluyeron que la expulsión de los universitarios y la desaparición de sus registros académicos se suman a otras medidas como las detenciones arbitrarias.

Para abordar la situación que vivieron los estudiantes, Carlos Berríos, Yasuri Potoy y Heyling Marenco, relataron acontecimientos como los vividos en el desmonte de los tranques y el ataque a la iglesia Divina Misericordia cerca de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) de Managua. Dos casos destacaron en el relato de los universitarios, el de Gerald Vásquez, fallecido en el ataque a la UNAN Managua y el caso del prisionero político John Cerna.

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Asimismo, los jóvenes en sus intervenciones comentaron que hay muchos casos de universitarios expulsados sin seguir el proceso debido y la desaparición de sus registros académicos.

Elthon Rivera, miembro del Movimiento Estudiantil Acción Universitaria, señaló que más  82 estudiantes fueron expulsados de la UNAN Managua de forma arbitraria. “En un intento por registrar y denunciar estas violaciones de derechos humanos, como jóvenes y como estudiantes el movimiento ha realizado una sistematización desde abril de 2018. La cual hasta hoy ha logrado registrar a 69 de los 82 casos. La mayoría estaban entre el tercer y quinto año de sus carrera. Hasta un 24.6 por ciento de ellos se vieron obligados a recurrir al exilio y actualmente solo un 20% de estos 69 casos ha podido continuar con sus estudios en otra universidad”, detalló.

Los jóvenes solicitaron a la CIDH dar seguimiento a las violaciones de los derechos humanos de los estudiantes y que insten al estado a la liberación de estudiantes que se encuentran detenidos en calidad de presos políticos.

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Alberto Brunori, representante de la OACNUDH, indicó que continúan observando una progresiva restricción del espacio cívico democrático en la cual el sector estudiantil a raíz del protagonismo que cobró en las protestas del 2018 ha resultado entre los sectores más afectados.

“Hasta junio 2019 más de 30 estudiantes fueron detenidos arbitrariamente, durante varios meses, antes de poder recuperar su libertad bajo la ley de amnistía, dos de ellos fueron nuevamente detenidos en febrero de este año”, relató, Brunori.

Antonia Urrejola, de la CIDH, recordó cuando estuvieron en Nicaragua y habló desde una perspectiva personal. “Tengo que confesar el miedo que yo sentía. Llegar a la UNAN era pasar por un cerco policial bastante fuerte y me impacto mucho una vez adentro los estudiantes heridos, ellos se habían organizado para atender a sus compañeros, había estudiantes heridos de gravedad, no era un balín en un brazo. Las imágenes de esa visita no se me quitan hasta el día de hoy”, dijo.

Urrejola se mostró conmovida al recordar que los estudiantes que miró en las tomas, que les buscaron en los hoteles, luego los veían en las cárceles, les decían que fueron asesinados o se fueron al exilio.

Cierre de espacios democráticos

“Hemos conocido en la última semana una serie de proyectos de ley que siguen cerrando aún más los pocos espacios democráticos. Limitan la libertad de expresión, de asociación”, agregó Urrejola.

Stuardo Ralón, relator sobre los derechos de las personas privadas de libertad, comentó que es lamentable que se sigue dando a la fecha el mismo patrón de uso excesivo de la fuerza, de grupos parapoliciales y fuerza del estado con “tolerancia del estado”.

Por su parte, Soledad García Muñoz, relatora sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), se mostró preocupada por el derecho a la salud y el trabajo.

“Nos preocupa todo el personal docente expulsado de las universidades y nos preocupa mucho en este contexto de pandemia cómo todas estas situaciones están afectando a la salud y a la salud mental de la población universitaria y estudiantil nicaragüense”, expresó.